Ayer nos enteramos de seis nuevos cambios en el Gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Por un lado, los hasta ayer ministros de Justicia y Producción, Daniel Maurate y Raúl Pérez Reyes, pasaron a ocupar las carteras de Trabajo y Transportes, en reemplazo de Antonio Varela y Paola Lazarte, respectivamente. El nuevo titular de Justicia en reemplazo de Maurate será Eduardo Arana, quien ha sido jefe del gabinete de asesores del exjuez Javier Villa Stein cuando este último fue presidente del Poder Judicial (2009-2011). A su tiempo, en Producción se designó a la ex ministra de la Mujer (2017 y 2018), Ana María Choquehuanca.
En Educación, por otro lado, la hasta ayer ministra Magnet Marquez –quien se había opuesto a la reciente ley que reincorpora a la carrera magisterial a docentes que desaprobaron o no rindieron la evaluación respectiva– fue reemplazada por Mirian Ponce, quien venía desempeñándose como viceministra de Gestión Pedagógica. Finalmente, en Desarrollo Agrario, Nelly Paredes –quien había causado polémica por sugerir recientemente que los peruanos reemplacen el limón en las ensaladas por más vinagre y sal– fue reemplazada por Jeniffer Contreras, quien hasta entonces era miembro del Consejo Directivo del Inacal y directora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Midagri.
Así las cosas, los cambios dejan la impresión de haberse ejecutado más como un intento de apagar incendios políticos, que como una decisión para mejor ejecución de las políticas públicas que el Gobierno está intentando implementar. Esto no sorprende ni es algo negativo para un Ejecutivo políticamente débil. Sin embargo, decisiones puntuales como el haber recurrido nuevamente a Maurate para que vuelva a ocupar la cartera de Trabajo –que ya había ocupado entre el 2015 y 2016 con Ollanta Humala–, o el contexto en el cual se ha hecho el cambio en Educación, no hacen más que confirmar el nivel de precariedad política del Gobierno.
En el primer caso, porque se trata de un ministro con serios cuestionamientos no esclarecidos. Recientemente fue revelado, por ejemplo, que Maurate no declaró al ser nombrado ministro varios servicios de defensa legal que ofreció a diversas instituciones del Estado en los años 2022 y 2023, por un valor de casi S/450 mil. Antes se había visto envuelto en otra polémica por registrar más de 200 llamadas con los integrantes de “los cuellos blancos del Puerto”. Y en el caso de Educación, cambiar a la ministra justo cuando se había opuesto a la norma sobre reincorporación de maestros da a entender que el Gobierno teme enfrentarse al Congreso en este asunto, pese a ser tan importante.
Más allá de estos problemas, esperemos por el bien del país que estos cambios logren dar oxígeno al Gobierno. Y que no sea necesario volver a renovar el tanque dentro de unos meses.
