(Foto: Grupo EC)
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INVERSIÓN PÚBLICA. La revisión que el BCR acaba de hacer en su proyección de crecimiento del PBI para este año (de 3.4% a 2.7%) responde principalmente a tres factores: el retraso de la normalización de la actividad primaria, el menor avance de la inversión pública respecto de lo esperado y la “moderación” de las condiciones del mercado laboral, que han afectado el consumo. De este trío enfriador, el que pudo haber sido manejado por la política económica es la inversión pública, sobre la que el BCR redujo su proyección de incremento, de 1% a 0.5%.

Dado que el gasto en ese rubro está básicamente estancado, la autoridad monetaria ajustó su proyección del déficit fiscal (de 2.1% a 2.0% del PBI), lo que en épocas normales sería aplaudido, pero que ante el persistente enfriamiento que enfrenta la economía peruana indica que la política fiscal contracíclica no ha funcionado. Nadie podrá decir que no se intentó, pero el MEF ha tenido que lidiar con la consabida incapacidad de ejecución presupuestaria de los gobiernos subnacionales y, en menor medida, la del propio Gobierno nacional.

En el periodo enero-agosto, según el BCR, la inversión pública se redujo 1.3%, respecto del mismo periodo del 2018. De sus tres componentes, el único en azul era el Gobierno nacional (5.4%). En los otros dos, gobiernos regionales y municipios, hubo caídas de 2.5% y 6.3%, respectivamente. Si se espera cerrar el año con una pequeña alza, la inversión pública subnacional tendría que estar recuperándose en estos momentos, pero ninguna autoridad ha salido a confirmarlo.

Hace más de un año, el BCR publicó un informe que advertía que la inversión pública se contrae en los años de cambio de autoridades, debido al famoso (o infame) “periodo de aprendizaje” que atraviesan los nuevos gobernadores y alcaldes –aunque muchos no son tan nuevos porque han regresado o postularon a otro cargo, como el alcalde de Lima–. Si se confirma la proyección para este año, la tendencia se habrá revertido, pero con una tasa tan cercana a cero sería necio cantar victoria.

El problema es que han pasado nueve meses desde que ese aprendizaje comenzó y las autoridades subnacionales siguen siendo incapaces de cumplir con su ejecución presupuestaria. A pesar de sus reuniones con el Ejecutivo, los gobernadores no parecen estar preocupados por mejorar su desempeño. Y, de nuevo, quien ha salido al rescate es el Gobierno nacional: emitirá un decreto de urgencia que destrabará obras paralizadas, sobre un proyecto de ley de la Contraloría que el disuelto Congreso no se tomó el trabajo de debatir. Pero lo perdido en estímulo económico y generación de empleo no podrá recuperarse.