Editorial:Apurando el paso

REFORMAS JUDICIAL Y POLÍTICA. Si se tuviera que resumir en una palabra la percepción de la población sobre el accionar del Ejecutivo y el Legislativo frente a los casos de corrupción evidenciados en las últimas semanas por los audios que involucran a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y del Poder Judicial, sería “incredulidad”, pues la gente espera resultados.

Esta percepción arraigada en los ciudadanos solo se podrá vencer con hechos concretos y ayer el presidente de la República y el presidente del Congreso han dado varios pasos en ese camino. La presentación de los proyectos de reforma y la ratificación de que el referéndum podrá llevarse a cabo en octubre, así como las declaraciones de que el Parlamento dará prioridad y agilizará dichos proyectos son una muestra de querer pasar de los dichos a la acción.

Según registra la encuesta Pulso Perú —la primera en analizar el impacto de este tema en la ciudadanía—, más del 90% de los peruanos exige una investigación de los involucrados en los audios, ya sea que se trate de jueces o congresistas. Los resultados revelan que la desazón es casi igual en todos los niveles socioeconómicos, siendo un poco más marcada en el C y en el D. Queda claro, además, que el descrédito no solo recae sobre los jueces directamente mencionados sino también sobre sus pares, por lo que será necesaria una renovación completa en la Corte Suprema y destituciones de los jueces de instancias inferiores. Pero, constitucionalmente, el nombramiento y destitución de jueces depende del CNM, por lo que el nuevo esquema que se quiera plantear para reemplazar el que existe actualmente no puede demorar mucho tiempo.

A esta situación se debe agregar que no ayudan a apagar el fuego las luchas intestinas al interior del Ministerio Público. Los dimes y diretes que se ven a diario afectan a la institución en general, a tal punto que, si bien una gran mayoría cree que el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debe renunciar, un porcentaje similar considera que el anterior fiscal, Pablo Sánchez, tenía conocimiento de toda la corrupción.

Se debe continuar con la toma de acciones concretas en el corto plazo, para evitar que la incredulidad dé paso a la desconfianza, pues eso sería muy grave para la institucionalidad del país.