La percepción pública es que el Gobierno de Dina Boluarte está desgastado y adormecido. Pero hay entidades públicas, aunque pocas, que han estado trabajando para apuntalar sectores como agro y salud. En el primer caso, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, dejó de lado su perfil bajo y expuso una serie de planes para mejorar las finanzas de los agricultores, continuar impulsando la agroexportación y fortalecer la institucionalidad del sector (Gestión 31/07/2025).
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Tras adelantar que el Ejecutivo solicitará al Congreso la facultad de dictar normas con rango de ley –a través de decretos legislativos–, Manero reveló que seis de ellos correrán por cuenta del Midagri, a los que se sumaría uno adicional si el dictamen de la nueva Ley Agraria, que otorga beneficios tributarios y laborales a la agroexportación, no es sometido a segunda y definitiva votación (con este Congreso, nunca se sabe). El ministro no reveló detalles del proyecto de ley alternativo, pero ya van a cumplirse cinco años desde la incertidumbre que el anterior Congreso generó cuando eliminó tales beneficios. Es demasiado tiempo.
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Fue más específico con un proyecto de ley que cubrirá la mitad del bono Beta, que reciben los trabajadores agrarios. Si el Congreso otorga al Ejecutivo facultades legislativas (temporales), la parte que corresponderá al Estado no será dinero en efectivo sino en la forma de título valor negociable. Es una forma de integrar a los agricultores al mercado financiero. El tema de la institucionalidad incluye la designación de 20 agregados agrícolas en el extranjero, a fin de agilizar protocolos sanitarios.
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Además, se buscará fortalecer el perfil técnico del Senasa y de la ANA, asegurando que sus jefes sean seleccionados por concurso y que no sean cambiados por cada nuevo ministro –Manero asumió el Midagri en abril del 2024 y, cuatro meses después, cambió la jefatura del Senasa–. También hay logros, como “convencer” a pequeños agricultores que eviten sembrar lo mismo para evitar desplomes de precios.
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El tema de la salud consiste en promover asociaciones público-privadas (APP) para que asuman servicios de “bata gris”: alimentación de pacientes, mantenimiento de instalaciones, lavandería, entre otros no asistenciales pero esenciales. Se proyecta incluir 1,000 establecimientos de salud de primer nivel en todo el país. La iniciativa no es nueva, pero ha sido retomada por el MEF y ProInversión. Además de las labores mencionadas, se añadirá la adquisición y operación de ambulancias. Ojalá no vuelva a quedar en anuncio.
