El domingo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que el consorcio Rutas de Lima incrementará el precio del peaje de S/ 6.60 a S/ 7.50 en las estaciones bajo su administración. Pese a tratarse de un tema tan relevante y sensible para la economía de mucha gente, el burgomaestre decidió hacerlo con el siguiente mensaje desde su cuenta de X (antes Twitter): “#RatasDeLima planea subir corrupto peaje a 7.50 soles...!” [sic]; a lo que agregó que el “[c]orrupto ‘contrato de concesión’ les habilita a subir precios y seguir mellando la economía de población más vulnerable de Lima”. Tras ello, cerró el mensaje invocando a que el Tribunal Constitucional debía “parar este abuso de una vez”.
El problema con estas declaraciones es que si bien el alcalde solo repite el mismo discurso que siempre ha tenido desde candidato, hoy su rol es muy diferente. Como alcalde, la ciudad ya no le pide que reclame por soluciones, sino que plantee y ejecute planes y estrategias que apunten a lograr esa solución. Los reclamos airosos deben dejárselos a la ciudadanía y, eventualmente, a los futuros candidatos.
Es indudable que un aumento tan elevado en un contexto económico como este es impertinente, además de un duro golpe para la economía de las familias. Pero si se sabe que estos aumentos están permitidos por el contrato –se ajustan a la inflación– ¿en qué podría ayudar que como respuesta el acalde salga redes sociales a insultar y acusar de corrupta a la empresa que administra los peajes? ¿No sería mejor que las eventuales renegociaciones del contrato las realice a puertas cerradas y sin haber ofendido previa y públicamente a la parte con la que se pretende renegociar?
Lima no necesita que su alcalde demuestre su indignación o su compasión, sino su capacidad gestionar problemas difíciles y solucionarlos. Problemas, dicho sea de paso, que él ya sabía que la ciudad tenía cuando postuló. Y sobre los cuáles hizo promesas puntuales.
No se explica, además, cómo una gestión municipal supuestamente de derecha no sea respetuosa del artículo 62 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de cumplir con los contratos. Considerando su experiencia como empresario, se esperaría que el actual burgomaestre comprenda la importancia de este principio para la confianza y la inversión.
Si los incrementos se amparan en el contrato, lo mejor que podría hacer el alcalde es sentarse a renegociar posibles salidas con Rutas de Lima. Para eso no ayudan los adjetivos. Mucho menos desconocer el contrato, lo que solo nos traerá más arbitrajes. Ayudaría más bien que el acalde empiece a actuar más como alcalde. Y menos como candidato.
