La razón detrás de que en las democracias se separe el rol legislativo del ejecutivo y del judicial es que, aunque no lo notemos, muchas veces existe una distancia entre lo que pueda decir el texto de una norma y la forma más razonable en que esa norma debe aplicar la práctica. Así, esa división mínima de funciones es necesaria justamente para dilucidar cómo es que deben aplicarse las normas jurídicas en casos concretos.
Una ley, por ejemplo, podría decir que está prohibido entrar a ciertos establecimientos con mascotas, con un texto acordado por el Legislativo. Pero, si no se especifica, ¿dicha regla aplicaría también para los animales de compañía? En una primera instancia, un actor del Ejecutivo podría operativizar dicha ley estableciendo parámetros más claros, a un reglamento (los cuáles desarrollan las leyes). Y luego, si aún hubiese controversia en algún caso concreto, un juez o una sala de jueces sería la que defina cuál es la forma más razonable de aplicar esa norma en esos casos.
Las leyes no siempre pueden aplicarse a rajatabla. Es por eso que dos principios básicos del derecho son los de razonabilidad y proporcionalidad. Siempre van a existir situaciones en las que aplicar una norma guiándose solo por su literalidad podría derivar en arbitrariedades.
Un claro ejemplo de esto último es lo que viene ocurriendo en Ate con el caso de la Granja Azul. Como ha trascendido en estos días, el emblemático restaurante de pollos a la brasa –que fue premiado como el mejor restaurante campestre en el 2023– está en riesgo de cerrar definitivamente, luego de haber sido clausurado por la Municipalidad de Ate desde el 8 de agosto.
El motivo de la clausura serían varias observaciones encontradas en una fiscalización al restaurante, pero la empresa ha aclarado que, pese a ya haberlas levantado y a haber pagado la multa, el municipio no ha programado una nueva visita. Y como es evidente, cada día extra sin abrir asfixia cada vez más al negocio, poniendo en riesgo no solo a los accionistas, sino también a trabajadores y proveedores.
El escenario es más preocupante si se toma en cuenta que, como advirtió hace poco la Sociedad Nacional de Industrias, hasta junio el municipio había cerrado 17 fábricas de grandes empresas de forma similar. Esto en contraste con distritos como Lurín, en dónde hasta la misma fecha no había habido clausuras.
Evidentemente es importante que los municipios hagan cumplir las normas. Pero no de cualquier forma. Y lo que se viene observando en Ate despierta preocupación. No vaya a ser que por querer luchar contra la informalidad, este municipio termine haciéndole un favor, eliminando a la competencia formal.
