El último sábado inició la segunda legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2024-2025 del Congreso de la República y, pese al compromiso que había hecho su presidente, Eduardo Salhuana, la votación de la ley que restituiría la detención preliminar para casos distintos a la flagrancia no había sido incluida entre los temas priorizados para la primera sesión del Pleno. De hecho, por entonces, la Junta de Portavoces ni siquiera consideró la inclusión de este tema en la agenda de hoy.
Sin embargo, como los congresistas ya nos tienen acostumbrados, cuando las omisiones se vuelven inocultables, se enmendó el error casi a último momento. Así, a las 7:00 p.m. de ayer, en su cuenta X, el presidente del Congreso anunció que el proyecto será debatido hoy.
Si bien es positivo el anuncio, el paso en falso no hace sino sembrar más dudas en el accionar del Congreso. La ciudadanía espera medidas para aplacar la criminalidad. Y ante una amenaza que crece y crece, celeridad y gestos que demuestren que es un asunto urgente para el Parlamento es lo que se espera.
Llama la atención que entre los temas que sí se priorizaron en un primer momento se hayan incluido asuntos como la ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, ley que reconoce la pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal e impulsa su preservación dentro de las cinco millas marítimas peruanas, o la ley que declara el 10 de febrero de cada año como el día del charango peruano.
A inicios de este año, la Fiscalía de la Nación advirtió sobre seis normas puntuales aprobadas por este Congreso que vienen afectando la lucha contra el crimen. Entre ellas, la ley que limitó el tiempo para corroborar información brindada por colaboradores eficaces, la que redujo los plazos de prescripción de delitos graves (también conocida como ‘Ley Soto’), o la que complejizó la tipificación y sanción de los delitos considerados dentro de la figura de ‘crimen organizado’ y que también obligó a que en los allanamientos deba estar presente el abogado del investigado. A esa lista, por supuesto, se sumaba también la norma que eliminó la detención preliminar para los casos distintos a la flagrancia.
¿No se da cuenta el Congreso de que parte importante de la responsabilidad de la reciente alza del crimen organizado recae sobre este tipo de malas decisiones? Los peruanos exigimos medidas inmediatas para combatir la inseguridad y que las autoridades competentes cuenten con las herramientas necesarias para ello.
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