Desperdicio estatal

“Sustancial”, es el adjetivo que el Banco Central de Reserva (BCR) utiliza para calificar el desperdicio de dinero destinado a gasto público en el Perú. Es que la entidad calculó las pérdidas con cifras del presupuesto del 2021, en base a tres metodologías –del BID, el FMI y la Contraloría, respectivamente–. El BCR concluye que el impacto del uso “redundante e improductivo” de recursos, como consecuencia de ineficiencias en los procesos de procura pública –adquisición de bienes y contratación de servicios y de obras (inversión pública)– se situó en un rango entre S/ 10,853 millones (equivalentes a 1.2% del PBI) y S/ 16,394 millones (1.9% del PBI) para dicho año.

El estimado más elevado, correspondiente a la metodología del BID, incluye pérdidas por ineficiencia técnica, así como el peor mal que sufre la administración pública peruana: la corrupción. Más que sustancial, ese desperdicio es vergonzoso, escandaloso y, en el caso del uso indebido de recursos públicos, punible. Con la incesante acumulación de indicios de ineptitud y malos manejos presupuestales en el Gobierno de Pedro Castillo –acaban de detener a su exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, pero muchos otros exfuncionarios siguen prófugos–, cabría preguntarse cuánto habrán aumentado esas cifras el 2022.

Hay que precisar que los cálculos no corresponden únicamente al Gobierno nacional (ministerios y agencias adscritas, como Provías), sino también a los niveles subnacionales (gobiernos regionales y municipales), además de las universidades estatales. El BCR explica que dicho uso redundante o improductivo de recursos estatales podría afectar negativamente el crecimiento del PBI potencial, ya que resulta en menor capital físico o infraestructura de menor calidad. Las consecuencias son bastante visibles, por ejemplo, en puentes que se desploman, colegios que se desmoronan o calles que se resquebrajan a los pocos meses de haber sido renovadas.

La solución parece utópica. Es que mejorar sustancialmente la calidad del gerenciamiento estatal no se consigue con leyes. Y el Gobierno de Dina Boluarte no parece entenderlo, pues el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, enviado por el Ejecutivo al Congreso a fines de marzo, omite a otra autoridad nacional, la del Servicio Civil (Servir), para la designación del jefe –y del gerente general y demás altos funcionarios–. De hecho, el nombre de Servir no figura por ningún lado, lo que significa que la selección se hará “a dedo”. Y así quieren que la inversión pública sea eficiente.

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