Entre 1990 y el 2023, el valor del índice de desarrollo humano (IDH) del Perú aumentó 27 puntos porcentuales, logro que fue consecuencia de las reformas económicas que mantuvieron los sucesivos gobiernos. Sin embargo, persisten importantes desigualdades territoriales, tanto en las dimensiones que mide el IDH –esperanza de vida al nacer, escolaridad e ingresos– como en los servicios que presta el Estado. Este diagnóstico forma parte del Informe sobre Desarrollo Humano para el Perú, que al igual que el IDH, fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Si bien esta realidad es conocida por muchos en el país –imaginamos que incluso por miembros del Congreso y del Gobierno actuales–, el informe la cuantifica y compara sus resultados con años previos. Y el Perú todavía no recupera el nivel prepandemia. Por ejemplo, si se ajusta el IDH en función de la desigualdad territorial, no hubo mejoras relevantes entre el 2017 y el 2024: la pérdida de desarrollo humano potencial debido a la inequidad se deterioró al pasar de 17.98% a 18.07%.
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Un indicador que no recibe la misma atención que el IDH también forma parte del informe del PNUD: el Índice de Densidad del Estado (IDE), que mide la presencia de los servicios públicos en salud, saneamiento, educación y electrificación, además de seguridad ciudadana y conectividad, añadidos en el nuevo informe (contiene data al 2024). Las estadísticas analizadas por el PNUD muestran que los departamentos con mayor presencia del Estado están más integrados a la economía de mercado. Así que el gran reto del futuro Gobierno será mantener y promover ese modelo económico, expandirlo a las zonas del país que aún no perciben sus beneficios, y descartar aventurarse en cambiar lo que está funcionando y solo necesita ajustes.
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Volviendo al IDH, hay distorsiones causadas por actividades ilícitas –como narcotráfico y minería y tala ilegales–, en particular, en el ingreso per cápita departamental. Por ejemplo, Madre de Dios y La Libertad, afectadas por una creciente extracción ilegal de oro, figuran entre los diez departamentos con mayor IDH. Debido a que atraen empleo, muestran altas tasas de migración interna. A estos departamentos se suman Ica, tanto por la agricultura formal como por las minas de oro que operan ilegalmente, Huánuco (narcotráfico y minería) y Ucayali (tala). Además del deterioro causado al medio ambiente, así como al patrimonio histórico, vulneran el derecho a un trabajo digno. En suma, no existe desarrollo humano sino subdesarrollo inhumano.
