El martes, la Comisión de Constitución del Congreso comenzó su revisión de las dos propuestas de reglamento para las nuevas cámaras de Diputados y Senadores, que se convertirán en nuestro nuevo Congreso nacional a partir del próximo 28 de julio. Más allá de los temas de fondo, un detalle en particular ha empezado a despertar varias críticas: según un nuevo artículo, que se incluiría en ambos reglamentos, los nuevos diputados y senadores pasarían a ganar un sueldo equivalente al juez supremo. Es decir, más de S/ 42,000, una cantidad considerablemente superior a los S/ 15,600 que reciben actualmente los congresistas como sueldo oficial, e incluso a los cerca de S/ 30,000 que llegan a recibir en total, considerando bonificaciones y gastos de representación.
Si bien es correcto que los funcionarios públicos, incluidos los políticos elegidos, reciban sueldos razonablemente por encima del ingreso promedio y, en lo posible, competitivos con el sector privado, ello también debería sujetarse a ciertos criterios mínimos. Para empezar, debería existir una evaluación y justificación individual para cada tipo de cargo. ¿Por qué un diputado o un senador habrían de ganar lo mismo que un juez supremo? Usualmente, los jueces supremos son funcionarios que llegan a ese cargo tras una larga carrera. ¿Es razonable que un diputado electo por primera vez gane exactamente el mismo salario? ¿Con qué criterio se ha llegado a la conclusión de que ese sea el salario?
Por otro lado, está el tema del momento político y los efectos de este tipo de iniciativas sobre la confianza de la ciudadanía. Más aún, teniendo en cuenta de dónde viene la propuesta. Como es evidente, en un país en el que el ingreso mensual promedio sigue siendo menos de S/ 2 mil, despertará muchas críticas que funcionarios tan impopulares, que ya ganan cerca de quince veces eso, planteen que se eleve aún más ese sueldo, sin que haya habido antes un mínimo trabajo por ganarse la legitimidad para no ser cuestionado, ni siquiera por explicar la lógica del aumento, y mientras gran parte del país vive en medio de crisis de seguridad, económica y hasta alimentaria. Esa frustración, más tarde, muchas veces se traduce en protestas o en votos por opciones electorales extremistas.
Llama la atención, además, lo señalado por el congresista Alejandro Muñante, quien negó que durante la sesión se haya discutido un posible aumento. ¿Un punto como este no merecía, acaso, un debate especial? ¿O alguien está intentando que esto se apruebe sin ser debatido como corresponde?
Son propuestas y decisiones como estas las que quiebran la confianza de la gente en las instituciones democráticas, perpetuando nuestra crisis actual. Es difícil creer que siga habiendo tantos políticos que no parezcan entenderlo o a quienes no les parece importar.
