
Recientemente la Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 18 votos a favor, ninguno en contra y apenas 2 abstenciones un nuevo dictamen que, si bien a primera vista podría parecer una buena idea, en realidad se trata una herramienta de doble filo, potencialmente muy peligrosa. Se trata de la creación del ‘voto digital’ para cualquier tipo de elección o consulta popular.
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Por un lado, es cierto que el derecho al sufragio se garantiza mejor cuando votar es más fácil para todos. También es cierto que en nuestro país hay personas que, si bien tienen en teoría derecho a votar, en la práctica no pueden ejercerlo. Por ejemplo, los policías y militares designados a cumplir funciones en zonas diferentes a la dirección de su DNI, o las personas encarceladas que aún no reciben una condena. En ese sentido, cualquier esfuerzo que busque garantizar más ampliamente el derecho al voto es por supuesto muy valioso.
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Dicho esto, un aspecto que muchas veces los congresistas suelen ignorar es que siempre es importante legislar considerando el contexto. No porque algo funcione en Europa o en Asia, va a funcionar también en Perú, por ejemplo. Y justamente, una herramienta que no ha tenido el mismo éxito en todos los países en los que se ha implementado es justamente el voto digital o electrónico. En concreto, no es lo mismo proponer su implementación en democracias más sólidas y desarrolladas, que en sistemas más institucionalmente débiles y que están menos protegidos ante un potencial giro autoritario.
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Estonia, en un extremo, es un país en donde las personas pueden votar desde su teléfono a través de un sistema seguro que funciona realmente bien. En Venezuela, en cambio, el hecho de que exista voto electrónico y que el software lo maneje un único organismo electoral –cuyas autoridades, además, son nombrados indirectamente por el Ejecutivo– es justamente lo que hace que sea fácil para el chavismo controlar el poder. Algo similar ocurre en Bolivia, en donde la OEA denunció fraude en la elección del 2019.
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Aunque parezca contraintuitivo, el sistema de papel y lapicero que existe en Perú es más seguro, pues los votos los cuentan de manera descentralizada miles de ciudadanos sorteados, que no se conocen entre sí. No lo hacen burócratas en una oficina pública. ¿Por qué querríamos acercarnos a ese sistema mientras sigamos teniendo una democracia tan frágil?
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Lamentablemente, las más recientes conformaciones del Congreso han priorizado las ‘reformas electorales’ que son ideas de última hora de algún congresista, antes que las propuestas de especialistas que llevan años debatiéndose. O que los varios proyectos de Código Electoral que desde el 2010 ha enviado el JNE al Congreso para consideración, pero que siguen siendo ignorados. ¿No sería mejor que revisen esas ideas?
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