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Han pasado apenas unos días desde la aprobación, por parte del pleno, del séptimo retiro de los fondos de las AFP y el Congreso ya pretende consumar otra norma que desvirtúa la protección a los trabajadores: la disposición de la CTS. Se trata de una iniciativa que tiene tiempo preparándose –hay más de una decena de proyectos que apuntan a ello– y que posiblemente tenga un respaldo aún mayor que el retiro de fondos para la jubilación.
Anoche, la Comisión de Trabajo del Congreso, luego de debatir y someter a votación un dictamen que reúne un puñado de los proyectos antes referidos, aprobó autorizar el retiro del 100% de los fondos de la CTS hasta diciembre de este año. Ahora, dicho documento pasará al pleno para una nueva votación. De manera similar, hoy la Comisión de Economía tiene en su agenda la revisión de otro dictamen en el mismo sentido.
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Es muy probable que la predecible pasividad del Ejecutivo, que ha sido evidente en los últimos despropósitos parlamentarios, consienta por omisión esta medida. Así, una vez más, el Poder Legislativo y el Ejecutivo serán cómplices en la desprotección de los trabajadores formales, solo que ahora en el corto plazo.
La CTS es, en la práctica, un sucedáneo al seguro de desempleo. Las últimas cifras del INEI indican que el desempleo en Lima durante el primer trimestre del año se aceleró y afectó principalmente a personas de 45 años a más. Y si bien las expectativas de contratación han mejorado, es posible que dicho optimismo sea solo un indicador de lo que pueda pasar más adelante, pues aún prevalece un menor dinamismo.
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De manera similar a lo que ocurrió con los fondos de las AFP, la disposición de la CTS podía justificarse durante la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. Sin embargo, ahora es solo una medida populista más de un Congreso que solo quiere elevar su alicaída simpatía ante la opinión pública.
Desde el primer retiro de fondos en el 2020 el monto de la CTS en el sistema bancario ha caído un 60% aproximadamente. Una nueva oportunidad para la disposición de este dinero reducirá mucho más ese total y dejará en situación precaria a miles de trabajadores que puedan enfrentar una eventual situación de desempleo. Además, se calcula que la mayoría de lo retirado iría a pago de deudas, por lo que el impacto en la dinamización de la economía sería marginal.
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Como indica el abogado César Puntriano (ver página 11) el proceso con el que se viene desvirtuando la finalidad de protección de la CTS se remonta incluso a principios de la década del 2000. Es urgente que las autoridades dejen de precarizar a los pocos trabajadores formales que tiene nuestra economía.
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