A fines de enero se reveló que el Perú había registrado su peor caída desde el 2012 en el Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional. Con un puntaje de 33 sobre 100, al que descendimos desde 36 puntos el año pasado y 38 en el 2020, nuestro país actualmente se ubica en el puesto 121, por detrás de Chile (66 pts., puesto 29), Colombia (40, 87), Argentina (37, 98) y Ecuador (34, 115); aunque delante de México (31, 126) y Bolivia (29, 133).
Más allá de la comparación con otros países, no obstante, lo más preocupante de los resultados fue comprobar que en los últimos años hemos retrocedido también en este ámbito. Y de que ese retroceso no se ha frenado con el último cambio de Gobierno.
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Tanto o más preocupante, asimismo, es que la noticia se dé en un contexto en el que la percepción de inseguridad también ha venido aumentando (peor aún tras las últimas denuncias que involucran a miembros de la propia Policía en varias bandas criminales), además de que la economía también ha sufrido mucho y aún no se recupera de los embates de la pandemia y la inflación internacional.
Considerando que los peruanos ven a la corrupción y a la inseguridad como los dos principales problemas del país, seguidos por problemas económicos como la falta de empleo, los precios altos y la pobreza (INEI, diciembre 2023); sorprende menos, pues, leer luego noticias sobre la pérdida de confianza de los peruanos en la democracia. Y la consecuente posibilidad de que elijamos otra vez a otro líder autoritario.
Es por ello que en momentos como este es crucial recordar cuáles son las ventajas concretas de vivir en democracia. Y cuál sería la alternativa. Como sabemos, vivir en una democracia implica organizar nuestra sociedad según instituciones –reglas de juego– establecidas en una Constitución, que son iguales para todos, dividen el poder político en varios organismos y establecen derechos y libertades mínimos. Este modelo se opone a los autoritarismos, como las monarquías absolutistas o los Gobiernos cubano y venezolano actuales, que confían el poder no en reglas, sino en personas, y no se garantizan derechos.
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Aunque el segundo modelo pueda a veces parecer exitoso al inicio –Hugo Chávez fue muy popular en su momento–, la historia muestra que concentrar el poder político en una o en pocas personas a la larga lleva a malos resultados, cuando ese poder corrompe a estos líderes, o cuando debe haber una sucesión. En realidad, lo único que funciona en el largo plazo para la prosperidad de las sociedades es apostar por las democracias liberales. La pregunta es si tendremos aquí políticos capaces de defender estos principios en las próximas elecciones.
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