El que ya es, según todas las encuestadoras, el Congreso más impopular de la historia reciente, parece seguir sin entender el porqué de su rechazo. O, en todo caso, sin que le importe comprenderlo. Esto, a juzgar por su inhabilidad para dejar de incurrir en las mismas prácticas que más claramente explican su baja popularidad.
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Un ejemplo claro ha sido el problema del rápido aumento de la planilla congresal, agravado por varios casos de contrataciones irregulares. Y a estas se suman, por supuesto, los casos de congresistas ‘mochasueldos’, la mayoría de los cuales no ha recibido una sanción hasta la fecha, pese a que dicha práctica configura un delito.
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Como reveló recientemente un informe publicado en El Comercio, actualmente el Legislativo tiene una planilla de 28 trabajadores por cada legislador, cifra bastante superior a la que había a mediados del 2021. En ese entonces, cuando recién iniciaba el actual período legislativo, la cifra de contrataciones ya era alta, pero llegaba solo a 21 trabajadores por congresista. Esto ha hecho que el costo de la planilla estatal pase de S/ 15 millones en el 2021 a S/ 26 millones en abril del 2025.
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Recientemente, la propia Comisión de Fiscalización del Congreso publicó un informe sobre la supuesta red de prostitución que habría existido en esta institución, según denuncias realizadas tras el sospechoso asesinato de la extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal. En él, si bien concluyen que “no se ha evidenciado la existencia” de dicha red, indican que sí hubo “un festín de contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista”. Lo cual, según ellos mismos, configuraría un delito.
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Y eso no es todo. Hace no mucho, el Congreso modificó –con 90 votos a favor– la ley para permitir que familiares de congresistas puedan trabajar con el Estado, algo que la ley prohibía para evitar conflictos de interés. Este mes, un reportaje de Cuarto Poder reveló que, gracias a un acuerdo de la Mesa Directiva del período de José Williams, se permitió la contratación adicional de trabajadores de confianza, quienes pueden ser elegidos a dedo. Y apenas ayer, ante una nueva revelación de El Comercio sobre al menos 30 casos de contrataciones entre familiares en diferentes bancadas, el actual presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, afirmó que, si bien esto era algo éticamente cuestionable, “legalmente no hay impedimento”.
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La repetición de tantos casos solo permite concluir que, al menos una mayoría de congresistas, parece no comprender o no importarle la desconfianza y el rechazo que generan. Y, al final, el desprestigio generado no termina afectando solo al Congreso, sino a todos los peruanos, al mostrarnos ante el mundo como un país más personalista que institucional. ¿Para eso se autoexcluyeron de la Ley del Servicio Civil?
