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Hace algunas semanas señalamos que el Congreso de la República había aprobado en primera votación cambios a la legislación contra el crimen organizado que podrían terminar favoreciendo al propio crimen organizado, según la advertencia de varios abogados penalistas y especialistas en seguridad. Pues bien, la semana pasada, la Comisión Permanente ratificó esa propuesta en segunda votación, con 12 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones.
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Entre otros aspectos, la nueva norma complejiza la definición de qué se consideran organizaciones criminales, restándole así armas a la Fiscalía y a la PNP para poder perseguir a este tipo de grupos criminales. Como destacó recientemente un comunicado de Adex, Agap, CCL, Capeco, Confiep, SNI, y FTCCP, bajo la nueva definición quedarían fuera, entre otros, “quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población”, que hoy sí están incluidos en esta legislación.
Por otro lado, se le quita la potestad a la Fiscalía de solicitar al Poder Judicial que bloquee o inmovilice las cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios, o relacionadas con bienes y activos de partidos políticos. Es decir, aquí los congresistas estarían beneficiando a sus partidos directamente.
Y como si lo anterior fuese poco, en uno de los aspectos que más ha llamado la atención, se establece ahora que los allanamientos solo podrán hacerse en presencia de la persona investigada y de su abogado (salvo que no tenga uno, en cuyo caso se le ofrecerá uno de oficio), lo que por obvias razones elimina en la práctica el factor sorpresa que deberían tener los allanamientos.
No es difícil entender por qué cambios como los señalados, lejos de ayudar a combatir mejor el crimen organizado que aqueja tanto a nuestro país, facilita la vida de varias bandas criminales.
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La decisión –que aún puede ser observada por el Ejecutivo– es escandalosa y merece la más enérgica crítica por las peligrosas consecuencias que esta nueva ley tendría a nivel local si llega a entrar en vigencia. Como se sabe, por el principio constitucional de retroactividad penal benigna, la norma favorecería a todos los criminales hoy acusados o investigados por crimen organizado.
Esta ley no solo hundiría aún más la confianza en nuestro país. La inseguridad ciudadana es hoy una de las principales preocupaciones de empresarios e inversionistas, pues eleva costos y disuade nuevos emprendimientos. También afecta la imagen a nivel internacional. ¿Quién querría invertir en un país cuyo Congreso aprueba normas así? Esperemos que esta vez sí, a diferencia de otras ocasiones, el Ejecutivo reaccione firmemente.
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