JUSTICIA POLITIZADA. El jueves pasado, la expresidenta del Consejo de ministros durante el Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, dejó finalmente el penal de mujeres de Chorrillos, en donde venía cumpliendo una orden de prisión preventiva por el caso del golpe de Estado. Ello luego de que el Tribunal Constitucional (TC) dejara sin efecto la citada orden, al haber encontrado que Chávez ya había superado el límite legal de detención sin sentencia (18 meses), y que la solicitud de la Fiscalía para extender la medida fue presentada de forma extemporánea.
La decisión sobre la expremier llegó poco después de que, en su propio proceso por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el expresidente Martín Vizcarra fuera también liberado de su propia prisión preventiva. En su caso, la decisión la tomó la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia, luego de no encontrar sustento suficiente en la decisión de primera instancia. Incluso, la Sala expresó que la decisión contra el exmandatario no solo vulneró “el principio de legalidad procesal”, sino que además desnaturalizó “la estructura del proceso penal, debilitando las garantías que lo sustentan y vaciando de contenido el marco normativo”.
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En otros tiempos, decisiones como estas hubiesen ocupado portadas y titulares, por lo menos, por varios días. Hoy, sin embargo, parece que nos hemos acostumbrado a que los políticos que vemos ingresar a prisión poco después salen libres, por distintas razones. Pasó, por ejemplo, con Keiko Fujimori, Nadine Heredia, Ollanta Humala y otros más.
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Más allá de a quiénes involucre, el problema con que este tipo de casos se repita tan seguido es que, poco a poco, se termina erosionando la confianza que inicialmente pudo haber proyectado un sistema de justicia que sanciona a políticos poderosos y altas autoridades. Es muy distinta la imagen de un país que ha sancionado a funcionarios corruptos luego de seguir un debido proceso, a uno en el que los políticos entran y salen de la cárcel sin que se llegue nunca a sentencias firmes. O, en muchos casos, si quiera a presentar las acusaciones formales.
La politización de la justicia que hemos vivido en los últimos años se ha dado porque, como hemos hecho notar en esta columna, distintos políticos han querido influenciar en la Fiscalía y en el Poder Judicial desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Pero también se ha dado porque fiscales y jueces han hecho un uso irresponsable de su función y, sin haber logrado condenas, han buscado promover prisiones preliminares o preventivas apresuradas o sin sustento. Solo para dar la impresión de que estaban logrando algo importante.
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Mientras el Poder Judicial y la Fiscalía no corrijan estas malas prácticas, no recuperarán la confianza de la ciudadanía. Ni la de los inversionistas.
