A fines de la semana pasada, el alcalde de Lima Rafael López Aliaga presentó al Congreso un nuevo proyecto de ley con varias propuestas de modificación al Código Procesal Penal. Ello, principalmente, con el objetivo de que las personas extranjeras que hayan sido detenidas en flagrancia cometiendo algún delito, puedan ser sometidas a un juicio acelerado y, tras ello, ser expulsadas del país. El proyecto fue aprobado por el Concejo Municipal de Lima Metropolitana el pasado 29 de setiembre.
El anuncio sorprendió a pocos, pues López Aliaga ya había anunciado en más de oportunidad su posición a favor de una norma como esta. La semana pasada, por ejemplo, dijo ante la prensa que “no se debe perder tiempo procesando a los extranjeros que cometen delitos en flagrancia, sino que deben ser rápidamente expulsados del país”. A ello agregó que habrían cerca de 50,000 delincuentes que han salido de la cárcel en Venezuela y, tras ello, habrían venido al Perú, aunque no mencionó la fuente de estos supuestos datos.
Existen, sin embargo, al menos dos problemas graves con esta idea del alcalde de Lima. El primero es que se trata de una medida contraria a la Constitución. Ello pues lo que se plantea en la práctica es que la ley discrimine su aplicación con base en el origen o nacionalidad de las personas contra las que se aplique, algo expresamente prohibido por la Constitución en el artículo 2 (inciso 2) y por tratados internacionales.
El segundo, es que el diagnóstico del alcalde sobre el impacto de los ciudadanos extranjeros en el aumento de la criminalidad es bastante superficial. No se condice con la evidencia.
De acuerdo con un estudio del Observatorio Nacional de Política Criminal en Perú publicado en el 2022, por ejemplo, la tasa de homicidios ha venido creciendo sostenidamente desde el 2011. Y esa tendencia, según la misma publicación, no se vio significativamente afectada tras el mayor ingreso de ciudadanos extranjeros en el 2017, luego de la crisis migratoria en Venezuela y las medidas del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para permitirles trabajar.
Otra investigación del 2020 del Migration Policy Institute encontró que los ciudadanos venezolanos en Perú, Chile y Colombia cometían proporcionalmente menos delitos que la población nativa.
Lamentablemente, tanto el alcalde de Lima esta vez como el Gobierno en anteriores oportunidades parecen más preocupados por combatir –de formas más que cuestionables–los síntomas del problema, que en hacer algo por diagnosticar y solucionar las verdaderas causas que dan origen a la criminalidad. Mientras sigamos por ese camino, seguiremos disparando balas de salva. Y en este caso, de un tipo que sí genera daño colateral contra inocentes, algo que no deberíamos estar dispuestos a aceptar.
