El marco normativo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) ha estado sometido a idas y venidas desde la gestión de José Arista al frente del MEF, el breve periodo de José Salardi y, ahora, con Raúl Pérez Reyes –incluyendo, además, un proyecto de ley aprobado por el Congreso cuya autógrafa fue observada por el Ejecutivo–. Aunque el objetivo es elogiable: agilizar la concesión y ejecución de proyectos de inversión, la manera en que se está tratando de mejorar los procesos raya en lo caótico, sobre todo en la regulación de las asociaciones público-privadas (APP).
Un ejemplo elocuente de la necesidad de mejoras es que la rapidez con que se adjudican los proyectos eléctricos bajo APP ha disminuido en 70%, según la consultora EY Perú (Gestión 21/08/2025). El dato es preocupante porque estos procesos de adjudicación solían ser los más ágiles, aparte que los proyectos energéticos figuran entre los más numerosos en la cartera de ProInversión. Esa desaceleración es producto, principalmente, de los engorrosos trámites que deben cumplir las empresas postoras ante diversas entidades públicas, empezando por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que según EY Perú, no respeta los procedimientos –sus funcionarios suelen aprobar estudios y luego identifican errores u omisiones–.
¿La remozada regulación logrará solucionar estos problemas? Arista y Salardi buscaron darle mayor protagonismo a ProInversión. Este último impulsó el proyecto de ley cuya autógrafa fue observada por el Ejecutivo (luego de su salida del MEF). El Congreso acogió algunas de esas observaciones, de modo que el MEF no perderá la rectoría de la promoción de la inversión privada bajo APP y proyectos en activos y la más alta autoridad de la agencia seguirá siendo el Consejo Directivo, presidido por un representante del MEF.
Pero la nueva autógrafa mantuvo una mayor participación de ProInversión en el aspecto operativo, pues además de la conducción de los procesos de adjudicación, también podrá actuar en la ejecución contractual de las concesiones ya otorgadas. Si este nuevo rol incluye acompañar a las empresas en lidiar con la tramitología, podría haber un cambio significativo.
No obstante, cinco días antes de que el Congreso aprobase la nueva autógrafa, el MEF publicó el Decreto Supremo 169-2025, que obliga a los concesionarios APP a incorporar una cláusula anticorrupción adicional cuando suscriban adendas para ampliar o renovar el plazo de su concesión (hace años que los contratos APP ya incluyen esas cláusulas). Vaya enredo.
