Ayer, nuevamente, los transportistas decidieron parar. El reclamo, justo desde cualquier punto de vista, era que se ponga fin a las extorsiones y asesinatos a manos de sicarios que han atenazado al sector y que convierten al simple acto de movilizarse por la ciudad en un riesgo contra la integridad personal. Pese a lo anunciado por el Gobierno, la inmovilización fue acatada por gran parte de trabajadores del transporte público. Era previsible, pues desde el Poder Ejecutivo más que soluciones, se viene observando una actitud de negación de la realidad ante los problemas más apremiantes del país.
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¿Qué se necesita para que el Gobierno salga de su letargo y tome medidas reales ante la inseguridad que no deja de crecer? Numerosas vidas se pierden en las calles a causa de la criminalidad. El riesgo de emprender crece cuando para solo mantener abierta la puerta de un negocio los dueños tienen que pagar cupos para no morir. Paralizaciones como las de ayer tienen un costo económico también (por ejemplo, los comerciantes del perímetro del Centro de Lima perderían US$ 25 millones al día). La urgencia de una solución a la inseguridad es palpable, pero la presidenta Dina Boluarte, por un lado, y los congresistas, por el otro, parecen no notarlo.
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Para solucionar el problema de la inseguridad, que solo crece por más que el Gobierno lo dude, no son útiles los estados de emergencia, que sin una estrategia y recursos lo único que consiguen es restringir libertades a cambio de nada. Tampoco elevar las sanciones cuando el sistema judicial no tiene la capacidad de hacerlas efectivas ni la infraestructura para hacer cumplir las penas. Crear “nuevos delitos” es igual de inútil, por todo lo dicho anteriormente. Al final, son solo acciones efectistas, fuegos artificiales, que buscan dar la impresión de que algo se está haciendo. Pero todos los peruanos sabemos que no es así.
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Se necesita que el Gobierno priorice la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra la inseguridad que sea serio, con metas claras y con información transparente. Ayudaría mucho también que el Congreso deje de hacerle la vida más fácil a la delincuencia con normas que solo favorecen la impunidad (el Ejecutivo también tiene responsabilidad en esto, pues podría observarlas).
Hubo quienes buscaron politizar el paro de ayer. Es algo censurable, pues la amenaza contra la vida que supone la inseguridad requiere toda nuestra atención. Sin embargo, no se puede negar el clamor de la ciudadanía ante este problema. Nosotros ya tenemos clara la urgencia. ¿Las autoridades también?
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