Aunque su nombre podría confundir, la Oficina Congresal del Presupuesto (Congressional Budget Office - CBO) es una agencia del Gobierno federal de Estados Unidos. Su función es analizar, de manera independiente, asuntos económicos, financieros, tributarios, laborales, de salud, empresariales y otros que tengan incidencia en el proceso presupuestario. Dado que es independiente políticamente, sus informes no son bien vistos por el partido que ejerza el control del Ejecutivo y/o del Legislativo. Por ejemplo, la CBO ha calculado que el proyecto de presupuesto elaborado por la mayoría republicana en la Cámara Baja costará US$ 2.4 billones y provocaría que 11 millones de personas pierdan su seguro de salud.
Los republicanos no están de acuerdo con esos datos, obviamente, pero ese es uno de los rasgos de la autonomía de la CBO –no contentar a quienes están en el poder–. Pero sí goza de amplio prestigio entre economistas y analistas especializados en presupuesto público. Otros países tienen agencias similares, entre ellos Australia, Canadá y Reino Unido. El Perú necesita una, con suma urgencia, en especial, para cuantificar los despropósitos del Congreso y que la opinión pública esté enterada.
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En primer lugar, porque los análisis costo-beneficio de una abrumadora mayoría de proyectos de ley que surgen en el Congreso causan vergüenza ajena por su desprolijidad. Se ha vuelto usual que ese “análisis” se reduzca a textos como “no irrogará costos fiscales” o al copy-paste de estudios que generalmente tratan de otra cosa (incorrectamente citados, encima) o de informes periodísticos. La creación de decenas de universidades, institutos tecnológicos y distritos se caracteriza por ser considerada de “costo cero” por sus promotores.
El otro motivo de la urgencia es la ausencia de debate para proyectos de ley que tienen impacto fiscal, tales como aumentos de remuneraciones públicas, exoneraciones y modificaciones de tasas impositivas, así como proyectos que horadan la capacidad de ahorro del país. Con tantos proyectos que requieren un verdadero análisis costo-beneficio, el MEF no parece darse abasto para elaborar informes técnicos ni difundirlos apropiadamente. Lo mismo ocurre con la SBS. El BCR emite informes en ocasiones puntuales.
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El Consejo Fiscal podría cubrir ese vacío. Es una agencia autónoma adscrita al MEF y uno de sus mandatos es emitir opinión sobre la evolución de las finanzas públicas de corto, mediano y largo plazo. Y lo que está haciendo este Congreso del costo-perjuicio es alterar dicha evolución.
