El riesgo que enfrenta hoy la construcción del Aeropuerto de Chinchero en el Cusco es un recordatorio de la urgente necesidad de una toma de decisiones clara en cuanto al desarrollo de infraestructura a nivel nacional. Como informamos esta semana (Gestión 13.02.24.), el contrato de asesoramiento con la PMO coreana para la gestión del proyecto concluirá en octubre próximo y no se ha tomado decisión alguna respecto de su ampliación. Las obras de construcción tienen apenas un 10% de avance y sin una prórroga del contrato, podría retrasarse aún más.
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No solo eso. Como advirtió la exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, en el informe que publicamos, no se ha hecho nada en cuanto a los componentes de aeronavegación y la parte operativa del aeropuerto, que son tareas previas para poder dar en concesión el terminal una vez concluido. Es que, en un acto de temeridad, no se incluyeron en el contrato con el PMO pues se pensaba que Corpac podía encargarse de la adquisición de equipos. Esta decisión luce aún más inconveniente hoy, habida cuenta de los recientes retrasos en vuelos en el Jorge Chávez y las presiones sindicales que la muestran como una entidad casi ingobernable.
Es crucial que haya un pronunciamiento en el corto plazo por parte del MTC para el caso de Chinchero. De lo contrario, las obras del aeropuerto podrían quedar paralizadas o su despliegue sería aún más lento en el caso en que el ministerio decida encargarse de la obra. Lo que está en riesgo es el acceso eficiente y moderno al principal destino turístico del país y se calcula que se movilizarían unos seis millones de pasajeros cada año.
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El caso de Chinchero también abre una oportunidad para preguntarnos cómo nos ha ido con la modalidad de Estado a Estado (G2G). Si bien la experiencia de los Juegos Panamericanos 2019 generó entusiasmo, habría que considerar el tipo de infraestructura que se desarrolló entonces y la que se requiere ahora yno perder de vista las carencias del Estado en la gestión de cara a los PMO. Como es de conocimineto, la modalidad G2G se ha usado en la reconstrucción del norte y se viene aplicandopara la Nueva Carretera Central. En el primer caso, se extendió el convenio y ya cabe preguntarse qué se consiguió hasta el momento. En el segundo caso, los resultados están por verse.
Ante la contracción de los ingresos fiscales, en adelante, tal vez lo ideal sería impulsar aún más las asociaciones-público privadas (APP). Recordemos que en la modalidad G2G, el financiamiento corre por parte del Estado peruano. Es necesario priorizar el enfoque de riesgo compartido con un privado para el desarrollo de nueva infraestructura. Los peruanos y nuestra competitividad como país lo requieren.
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