A inicios de esta semana la Contraloría publicó los resultados del operativo nacional de “verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública”, el cual llevó a cabo en 554 entidades públicas: 25 gobiernos regionales, 56 unidades ejecutoras de gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales, tres empresas municipales y 274 municipalidades distritales. En total, como informamos el lunes, 1,584 funcionarios directivos de libre designación y remoción pertenecientes a este organismo no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia que exige la ley.
Pese a su contundencia, sin embargo, estos resultados sorprenden a pocos. Lo cierto es que esta es la realidad de buena parte del sector público. No solo en los gobiernos regionales y municipales, sino en casi todo el aparato estatal, salvo por islas de eficiencia como el BCR o la SBS. Recordemos sino lo que viene ocurriendo en Junín, en donde Perú Libre incluso obligó recientemente a los trabajadores a participar en una marcha, o lo que ocurrió virtualmente en todo el Ejecutivo durante el Gobierno de Pedro Castillo.
En las décadas recientes y hasta hace algunos años, varios sectores del Estado habían venido mejorando considerablemente en sus criterios de contratación y capacidad de atraer talento competente y especializado. Se empezó incluso a hacer cada vez más usual que cientos de jóvenes vuelvan todos los años al Perú de maestrías en el extranjero para trabajar en el sector público, en instituciones como ministerios, organismos reguladores u otras entidades. Lamentablemente, hoy la mayoría de esos jóvenes probablemente prefiera hacer lo posible por quedarse en el extranjero.
¿Qué explica este retroceso? Sin duda, varios factores, entre ellos varios de carácter económico (la inflación, el impacto de la pandemia, etc.) o político (la falta de partidos institucionales que permitan tener candidatos predecibles, la creciente polarización, etc.).
Dicho eso, queda claro que al menos parte de la explicación pasa por nuestra falta de comprensión –tanto de los políticos con poder como de la ciudadanía– del hecho de que los cargos públicos no deberían nunca más ser vistos como un botín al que tengan derecho el partido o movimiento que haya ganado las elecciones, sino que son trabajos técnicos y especializados financiados con dinero público. Por lo mismo, malgastar ese dinero en funcionarios no calificados solo para pagar favores políticos, en lugar de contratar a personas calificadas y con experiencia, es solo otra forma más de robarle al Estado.
Es urgente retomar la reforma integral del servicio civil en el país. Si no lo hacemos, otros problemas como la falta de ejecución de obras y presupuestos –y la consecuente baja inversión pública– solo serán una consecuencia inevitable.
