El Congreso de la República finalmente publicó ayer la norma que aprobó por insistencia en diciembre que cambia varios artículos sobre la figura de la colaboración eficaz en el Código Penal, con lo cual estas nuevas reglas han entrado hoy en vigencia y ya son aplicables tanto a los casos futuros como a los que están actualmente en trámite. Ello luego de que haya transcurrido ya desde aquella aprobación el tiempo que tenía el Ejecutivo para poder observar la norma, algo que no hizo.
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Ambas decisiones –la del Congreso y la del Gobierno– se tomaron pese a que, como se advirtió desde un inicio, estos cambios en realidad debilitan la capacidad del Estado de luchar contra el crimen organizado y la corrupción. Es por eso que la iniciativa tenía una opinión negativa tanto del del Poder Judicial como de la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Justicia; además de la de varios especialistas en temas penales.
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Cabe recordar que la colaboración eficaz es un instrumento que existe en nuestro sistema de justicia para permitir que personas que han cometido un delito puedan recibir beneficios en su pena a cambio de otorgar información clave que ayude a capturar a otros criminales, que hayan cometido actos de mayor gravedad o con mayor responsabilidad. Hasta ahora, la colaboración eficaz ha sido clave, por ejemplo, no solo en varios de los casos que involucran a políticos conocidos, sino también en casos importantes de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.
Evidentemente, para que un instrumento como este sea útil, los beneficios y protecciones que ofrece a los potenciales colaboradores deben ser lo suficientemente atractivos como para incentivar a que, quienes estén dispuestos a revelar información clave, en efecto, elijan hacerlo. Pues bien, en la práctica, lo que ha hecho el Congreso es cambiar las reglas para hacer menos atractiva a la colaboración eficaz, algo que beneficia mucho más a quienes vienen siendo investigados por graves crímenes –entre quienes están varios políticos, pero también sicarios y narcotraficantes– que a los fiscales que están investigando esos casos.
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Por un lado, la nueva norma establece un plazo más corto que el razonable para culminar los procesos de colaboración eficaz (ocho meses, pese a que corroborar lo declarado suele tomar mucho más). Además, obliga a grabar las colaboraciones con audio y video, aumentando el riesgo de que estas se filtren. Y, del mismo modo, reduce el poder de negociación de los fiscales al exigir un acuerdo escrito al inicio del proceso.
Con todo esto, los fiscales tienen hoy una herramienta menos para luchar contra el crimen. Es una victoria para los políticos investigados, como Pedro Castillo y varios más. Pero un retroceso preocupante para el país.
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