En las últimas semanas, varios congresistas y trabajadores parlamentarios han seguido siendo parte de denuncias y escándanlos que siguen desprestigiando la imagen de nuestro Poder Legislativo.
El caso del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, Jorge Torres Saravia, a quien la Fiscalía investiga por supuestamente liderar una presunta red de prostitución al interior del Palacio Legislativo, ha sido, sin duda, uno de los que más indignación ha generado. Sobre todo después de las declaraciones hechas la semana pasada por la extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad, Vicky Navarro.
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Las denuncias de Navarro fueron extremadamente graves por varios motivos. Acusó a Torres Saravia de abuso sexual y aseguró que, cuando acudió a pedir ayuda al área de RR.HH., la respuesta de la persona encargada fue: “¡Otra vez Jorge!”. Poco después de que hiciera pública estas denuncias, ella fue despedida del gobierno regional. Además, en otro momento, aseguró haber sido parte de los famosos “trolls”: trabajadores a quienes se les encomienda hablar bien de sus políticos o atacar a adversarios y críticos en redes sociales mediante cuentas falsas.
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Las acusaciones de Navarro ameritan una investigación inmediata y exhaustiva, no solo por su crudeza y gravedad, sino porque evidencian prácticas que ya se habían denunciado y que continúan ocurriendo en oficinas públicas, sin recibir la atención que merecen.
Otro congresista que recibió una acusación muy grave recientemente por una presunta violación sexual, fue el legislador José Jerí. Tras semanas de demora para que la Comisión de Ética al menos vea su caso, este no pudo llegar a discutirse en la última sesión por falta de quórum. Es decir, por falta de interés.
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Siendo este un Congreso que ya ha recibido tantas otras acusaciones graves en el pasado, entre las que destacan los múltiples casos de congresistas “mochasueldos” –muy pocos de los cuáles han sido adecuadamente sancionados–, cabe preguntarse: ¿existe algún límite para que nuestros políticos se den cuenta del daño que hacen al pretender normalizar estos temas? ¿Realmente nadie en el Congreso se da cuenta de la terrible imagen que esto genera para nuestro país en el extranjero?
Finalmente, a menos de un año de la próxima campaña electoral, es también pertinente preguntarse dónde están quienes aspiran a la presidencia. ¿No notan la importancia de pronunciarse con firmeza sobre casos como este para diferenciarse? ¿O planean involucrarse con los problemas de nuestro sistema político solo cuando empiece la elección? Este es el momento de alzar la voz, si su compromiso es real y de largo aliento, y no solo un hobby temporal.
El Perú necesita con urgencia que sus políticos y su ciudadanía despierten. Si esto no ocurre, continuaremos dándole el poder a las personas equivocadas.
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