
Escribe: Guillermo Boitano, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima
El 2025 ha comenzado con señales alentadoras para la economía peruana. La inflación se mantiene estable, frente a un panorama regional algo diferente. El tipo de cambio también muestra estabilidad. La balanza en cuenta corriente es la única positiva entre las principales economías de América Latina e, incluso, nuestra deuda pública es la más baja en general. A esto se suma un crecimiento del 3.3% en el primer cuatrimestre, por encima del 3.1% proyectado por el BCR para este año, lo cual contrasta con un ritmo más moderado en países vecinos.
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Ante ello, uno podría pensar que la economía peruana se ha estabilizado, que lo peor ha pasado y que solo se puede mejorar. No obstante, conviene examinar el panorama del país, pues, si bien nuestra economía se halla en una “mejor” posición que la de otros países de la región, aún no se encuentra “mejor” que en años anteriores.
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Empecemos por la deuda pública. Si bien el Perú tiene el nivel de deuda más bajo del continente (31.1% del PBI en el primer trimestre del año), debemos recordar que, antes de la pandemia, este no llegaba ni al 30.0%, que es el límite establecido por la regla fiscal. Es más, el BCR proyecta que, en este 2025, la deuda subirá hasta el 32.2 %.
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Precisamente, el déficit fiscal es quizás el tema más relevante para la macroeconomía actual del país. Desde el 2023, este ha superado su meta establecida y, de hecho, en mayo se ubicó en 2.7%, por encima de la meta actual del 2.5%. Si bien el déficit de estos años está ligado con la recesión del 2023 y ha venido reduciéndose desde finales del 2024, seguimos un tanto lejos de la situación prepandémica, cuando se cumplía religiosamente con las metas. Este deterioro está vinculado con el incremento del gasto corriente del Gobierno, que a su vez se explica por el debilitamiento de la institucionalidad, que ha afectado negativamente la capacidad del MEF de influir en las políticas públicas.
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¿Por qué es tan importante el déficit? Porque el incumplimiento de las reglas fiscales reduce la credibilidad de la política fiscal y, por tanto, la confianza de los inversionistas. En el peor de los casos, esto podría derivar en la degradación de la calificación crediticia del país.
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El Perú ha logrado una recuperación parcial: ha restablecido su estabilidad monetaria y de precios, pero no ha conseguido lo mismo en su política fiscal. Además, persisten importantes desafíos, como la informalidad y la vulnerabilidad económica de la población. A esto hay que adicionar los problemas de la inestabilidad política; la volatilidad de indicadores relevantes, como el tipo de cambio, en épocas electorales (más aún frente a una visión poco clara de quién sería el próximo presidente); así como los posibles shocks externos derivados de la política de Estados Unidos, la tasa de crecimiento de China y la variabilidad de los precios de los principales productos que exporta el Perú.
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En este escenario, es fundamental repetir algunas prioridades, para ver si, al menos por desgaste, se terminan poniendo en la agenda pública nacional: lograr una consolidación fiscal y controlar el gasto público; formalizar el empleo y mejorar la productividad; simplificar trámites y fortalecer nuestras instituciones; y buscar la diversificación productiva y la sostenibilidad ambiental. Debemos retomar el impulso no solo para mantener la estabilidad macroeconómica, sino para retomar el sendero del crecimiento inclusivo, que permita alcanzar a la población en su conjunto.