Economista, docente de la Escuela de Posgrado de la U. Continental
Desde la segunda mitad del siglo XX, Perú se ha posicionado como una potencia pesquera a nivel mundial. En el 2022, nos ubicamos como el segundo país en términos de volumen de captura.
Sin embargo, se puede argumentar que somos una potencia pesquera a pesar de nosotros mismos, a pesar de la informalidad y de la ausencia de un Estado supervisor que asegure la sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos –con la notable excepción de la anchoveta–.
Al igual que muchas otras actividades productivas, el sector pesquero puede caracterizarse como un “sector dual”. En él conviven un sector industrial moderno, sostenible y rentable; y un sector artesanal, predominantemente informal, no regulado en la práctica, con productividad decreciente y en el que la sostenibilidad no está asegurada.
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Sin embargo, dicha dualidad no surge de la falta de acceso a capital del sector artesanal. De hecho, hay una sobreinversión en esta flota, la cual se encuentra sobredimensionada (como fue el caso en algún momento en la flota anchovetera).
Esta dualidad, más bien, surge de la ausencia de la gestión del Estado en la pesca artesanal. En contraposición con la pesquería de anchoveta –donde el Estado es exitoso en llevar a cabo sus funciones de investigación científica (IMARPE), ordenamiento y supervisión, y donde desde hace 15 años se cuenta con un sistema de cuotas individuales de pesca–, el manejo de la pesca artesanal tiene mucho por mejorar.
A pesar de muchas iniciativas bien intencionadas, pero mal ejecutadas, la flota artesanal siguió creciendo producto de la construcción de nuevas embarcaciones en astilleros informales y una manifiesta incapacidad de supervisión y fiscalización por parte del Estado.
El resultado de lo anterior es que la productividad media de la flota artesanal ha ido disminuyendo. Si la productividad disminuye, los ingresos reales también lo hacen y, así, los pescadores artesanales vieron menguar sus ingresos. Esto explicaría la aparente paradoja de tener pescadores pobres en un mar inmensamente rico. ¿Qué hacer?
Evidentemente, se requiere de mayores recursos –financieros y humanos– para mejorar la gestión de la pesca artesanal. Pero el Estado no cuenta con los recursos fiscales requeridos y, más importante aún, la altísima rotación de funcionarios en el Produce en los últimos 20 años ha debilitado la burocracia a cargo de regular el sector.
Debido a esto, es necesario tomar acciones en dos frentes: (i) fomentar la cooperación público-privada (acuerdos con universidades y ONG en materia de investigación científica, levantamiento de información necesaria para el diseño de medidas de ordenamiento, evaluación de impacto del marco regulatorio); y (ii) alinear incentivos mediante el otorgamiento de cuotas de pesca (derechos de uso) en el sector artesanal.
Esto último probó ser muy positivo en la pesquería industrial de anchoveta y también en la de merluza en el Perú, y en innumerables pesquerías alrededor del planeta.
El Estado solo no puede, ya lo comprobamos. Es hora de cooperar y alinear incentivos con los pescadores.
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