Escribe: Enrique Castillo, periodista
Hace pocos días la presidenta Dina Boluarte hizo un llamado que pasó totalmente desapercibido y que nadie tomó en cuenta: pidió a sus opositores o críticos un diálogo nacional.
Sin plantear algún objetivo o dar algo de información adicional, la presidenta no volvió a mencionar el tema. Ni siquiera alguno de sus ministros secundó la idea ni la amplificó, como suele suceder con otros asuntos.
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Quizás porque nadie hizo eco del planteamiento, o porque a nadie le interesó, Boluarte se vio obligada a archivar la iniciativa. Esto no solo demuestra que ella está políticamente muy sola, que existe muy poco interés por las iniciativas presidenciales, que su equipo cercano no es capaz de ayudarla a formular planteamientos que sean acogidos por algún sector, y que muchos pueden pensar que las iniciativas de este tipo no son otra cosa que globos de ensayo para tratar de distraer la atención sobre otros temas que vinculan a la presidenta.
Pero más allá de la situación y la posición de Boluarte, sí es conveniente tratar de analizar cuáles podrían ser los principales temas que deberían tratarse en un hipotético diálogo.
Obviamente habría que empezar por casa. La difícil situación del Poder Ejecutivo (con aprobación que está más cerca de cero que de diez); así como la debida separación de los temas de Estado de los temas personales de la Presidenta debiera ser un asunto obligado.
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El Gobierno tiene que entender que una cosa son los asuntos de gobierno y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; y otra, es la situación personal o jurídica de la presidenta.
Esta administración debe ser persuadida de tener una agenda corta pero bien sustanciosa de prioridades, y obligada a definir claramente qué va a hacer en dos asuntos medulares: la inseguridad ciudadana; y la situación económica.
Y no se trata de ofrecer un discurso como el que leen los diferentes ministros del Interior que pasan por el Congreso en la aparente lucha contra la delincuencia. Se trata de hacer un planteamiento profesional que sea discutido por verdaderos especialistas, y de comprometer recursos económicos suficientes para secundar o hacer posible los planes y la acción necesaria para dar seguridad a los ciudadanos.
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Un segundo punto de agenda debe ser el de la relación Ejecutivo-Legislativo, y no solo en el aspecto político y del equilibrio de poderes, sino en el de la elaboración y aprobación de leyes.
¿Cómo van a ser los próximos meses (24 o menos) con un Congreso dedicado a dar leyes sin ningún tipo de sustento técnico, que generan forados al presupuesto, y que responden a intereses de grupo o de sectores que, en muchos de los casos, no representan a las grandes mayorías o a sectores formales y responsables de la sociedad?
¿Cómo van a ser los próximos dos años con un Ministerio de Economía que se ve atropellado por un Parlamento que no es capaz, ni tiene el más mínimo interés, de conversar, dialogar, o coordinar con el Gobierno mismo, con el propio ministerio, o con los sectores involucrados, y da las leyes que quiere, con la seguridad de que tiene la fuerza para promulgar leyes por insistencia, aunque existan argumentos técnicos solventes para observarlas, críticas justificadas que las desnudan, o demandas ciudadanas desde sectores que se ven afectados por esas normas?
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Si ambas partes (Gobierno y Congreso) no corrigen su debilidad en un caso, y su desborde en el otro, el caos estará garantizado.
Un tercer punto de este diálogo debiera estar enfocado a la reinstitucionalización del país. Lo que ocurre en la Presidencia de la República, en el Congreso, en la Fiscalía, el TC, la JNJ, la Defensoría del Pueblo, el JNE, la ONPE, el Reniec, y muchas otras entidades más, es una muestra de la crisis profunda por la que atraviesan los organismos que deberían ser la fortaleza principal del sistema democrático y de la institucionalidad del país.
Pasan los días y caen los principales responsables de esas instituciones, se allanan Palacio de Gobierno y las casas u oficinas de todo tipo de autoridades, se encarcela a diestra y siniestra, y todo a vista y paciencia de una ciudadanía que ya no se escandaliza o se preocupa por todo ello.
Si tan solo se tocaran esos temas y se tratara de encontrar una luz al final del túnel para esos asuntos, sería más que suficiente para lograr un avance que devolvería algo de la fe a los ciudadanos.
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