Asociado de Macroconsult
A principios del año 2015, en este mismo espacio, señalé que todos los indicadores apuntaban a que se avecinaba una sobreoferta de generación que daría pie a “nuevas condiciones” en el mercado eléctrico, con mayor competencia y menores precios en beneficio de los usuarios. Efectivamente, desde ese entonces ha florecido un dinámico mercado libre de electricidad, en el cual el número de empresas usuarias se multiplicó por seis, con un especial crecimiento de clientes con consumos inferiores a 1,000 kW. Asimismo, el precio medio de la energía de nuevos contratos, componente principal de la factura eléctrica, bajó de US$ 40 por MWh en 2014 a US$ 25 por MWh, habiéndose observado mínimos de hasta US$ 20 por MWh.
Si bien en la actualidad persiste la sobreoferta de generación y no prevemos que esta se resuelva antes del año 2023, recientes cambios en la regulación relacionada al cálculo de los costos variables de las centrales termoeléctricas tendrán como resultado un próximo incremento de los precios de la energía para clientes libres. En julio de este año, la aplicación de la nueva regulación que fue aprobada por Osinergmin el día lunes, elevará el precio spot de US$ 8 por MWh a, por lo menos, US$ 25 por MWh. Dado que el precio spot es uno de los principales marcadores de los precios de contratos en el mercado libre, esperamos que este incremento se traslade a los precios de los nuevos contratos y/o active las cláusulas de renegociación que algunos generadores incorporaron en sus contratos para mitigar el riesgo regulatorio.
Este contexto es particularmente desfavorable para los clientes libres más pequeños y “novatos” en el mercado. Las empresas mineras y grandes industriales cuentan con gerencias de operación y compras experimentadas en materia energética, lo que les permite tener un amplio conocimiento respecto a las opciones de abastecimiento y expertise para negociar con los generadores eléctricos. Sin embargo, hoy la mayoría de los clientes son pequeñas o medianas empresas que no cuentan con estas capacidades in-house. Esto se traduce en contratos de suministro que no reflejan las mejores condiciones de mercado y en los que se pueden dar una asignación de riesgos desfavorable para el usuario.
Para muchas empresas, el servicio eléctrico no es una preocupación central debido a que este no tiene una gran participación en la estructura de costos. Sin embargo, una mala gestión en la firma de un contrato eléctrico puede generar una pérdida innecesaria de valor para la compañía durante toda la vigencia del contrato eléctrico (como mínimo 3 años). Para mitigar este riesgo, los clientes libres deben ser cautelosos en la negociación con sus proveedores, como lo harían con otros insumos o servicios clave. Antes de firmar un nuevo contrato o adenda es ideal hacer adecuadas investigaciones de mercado, evaluando alternativas de suministro, analizando las mejores prácticas contractuales y asesorándose con profesionales experimentados en la materia.