Qué duda cabe que somos un país minero. Este sector extractivo es capital para nuestra macroeconomía: el 2023 representó el 9% de nuestro PBI. De cada US$ 10 de Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al país, US$4 vienen para la minería. En el 2022, la IED se estimó en US$30,000 millones, de ese monto, US$ 6,917 millones fueron para proyectos mineros. Es decir, es la actividad que más inversión atrae (25%), solo seguido por el sector financiero. Y si analizamos las exportaciones, la minería representó más de la mitad de las divisas que llegaron el año pasado: el 55% de los US$ 64,355 millones, que fue el total de nuestras exportaciones el 2023. En cuanto a empleo, el sector minero genera directamente más de 232,000 trabajadores formales. En su cadena de valor, hay miles de puestos indirectos que también se benefician de esta actividad.
Y podemos seguir con más cifras positivas para nuestra macroeconomía aportada por la minería. Sin embargo, se sabía poco del impacto económico y social a nivel microeconómico. Un reciente estudio de Macroestudios, dirigido por Gonzalo Tamayo y Álvaro Monge –que fue presentado el pasado miércoles en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en el marco del ciclo de conferencia rumbo a Perumin– ha revelado importantes hallazgos.
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El trabajo ha medido el impacto social y económico de la minería a lo largo de 20 años, en los hogares de la zona de influencia de la actividad (distritos mineros), comparándolo con los distritos no mineros similares (grupo de control) en todo el país. La comparación se hace tomando en cuenta el antes y el después del inicio de operaciones de una mina, para observar la dinámica de los impactos en diferentes variables económicas y sociales. Toma en consideración, además, dos canales de aumento de bienestar en estas comunidades, como consecuencia de la actividad minera.
El primero, a través de los recursos públicos y privados adicionales generados que permiten la provisión de mayores bienes y servicios. En segundo lugar, a través de la mayor dinámica económica que se genera en la zona de influencia.
El estudio muestra resultados interesantes. Por ejemplo, que los gobiernos locales en las zonas mineras han logrado aumentar la inversión per cápita promedio anual en S/ 500 adicionales a los presupuestos en inversión recibidos. Se ejecutaron, por consiguiente, más obras en sectores como transporte, vivienda y saneamiento, agropecuario y educación que en los distritos comparables. Se señala que los distritos mineros tienen, incluso, más capacidad de finalizar las obras.
En obras de agua y desagüe, los resultados son muy favorables: hasta 30% mayor que en los distritos no mineros, siendo los impactos significativos cuando las empresas mineras son medianas a grandes y tienen más tiempo de permanencia en la zona. Esto coadyuva a una mayor reducción de la anemia en las zonas de influencia. Algo similar sucede con el aumento de años de escolaridad y en la expansión en los servicios de salud básica, incluyendo servicios privados en los distritos mineros, con lo que se logra mejoras en el capital humano y mayor reducción de la pobreza.
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Este estudio, único en su género, también muestra cómo se acelera el dinamismo económico en actividades como el comercio y los servicios en las zonas de influencia minera, impulsando el emprendimiento empresarial en esos distritos, generando mayor empleo –a través de empresas formales, permanentes, con mayor productividad– y mejores salarios. Todo esto se traduce en mayor bienestar socioeconómico, donde las familias perciben que tienen mayor capacidad de ahorro y resiliencia ante eventos inesperados como la pandemia del covid-19. El estudio halla que estos impactos son permanentes, sobre todo cuando la actividad minera es de largo plazo.
Me tocó ser panelista en la presentación de sus hallazgos, junto con el gobernador de Cusco y el viceministro de Minas. El consenso fue que estos resultados son muy apreciados; y nos convoca a buscar mayor inversión sostenible en el sector minero, evitando el desarrollo de la minería ilegal en nuestro país, que tanto daño hace. Sin embargo, también se planteó que aún falta mejorar mucho en la gestión pública, en la coordinación entre los privados y el Estado para lograr un mayor impacto. Por ejemplo, los problemas de baja ejecución de presupuestos de inversión a nivel local y regional no son solo atribuibles a la corrupción o ineficacia de los gobiernos subnacionales. Muchas veces las reglas de inversión son bastante complejas, la asignación de recursos es tardía o demasiado centralizada en las unidades ejecutoras del Gobierno nacional, o la toma de decisiones está paralizada por el temor de las “observaciones” de la Contraloría. Ni que digamos del temor de los funcionarios públicos de terminar en una investigación fiscal por un “periodicazo”.
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Se hace imperativo revisar la distribución del canon minero, que resulta bastante inequitativo entre distritos mineros y no mineros a lo largo de todo el Perú y dentro de una misma región. Una idea que se planteó fue la vuelta al llamado Programa minero de solidaridad con el pueblo, que fue derogado por el Gobierno de Ollanta Humala para convertirlo en aumento de regalías que van a la caja única del Gobierno central. Se perdió el sentido de colaboración pública privada que existía en el segundo Gobierno de Alan García. En ese tiempo, el uso de esos recursos era definido conjuntamente entre las autoridades locales con la empresa que decidían qué obras eran prioritarias. Luego, la empresa ejecutaba, bajo la supervisión de la propia comunidad, generándose un sentido de pertenencia de la empresa en su entorno. Lamentablemente, por motivos políticos se perdió este modelo y se sembró entre las comunidades el mito de la minería puramente extractiva, distanciando a la población de la actividad. Es hora de derribar esos mitos como lo hace el estudio reseñado.
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