Investigadora de European University Institute
En una curiosa confluencia de fechas, la presidenta Dina Boluarte participa en la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas entre el Día Internacional de la Democracia (15 de setiembre) y el de la paz (21 de setiembre), donde afirmaba que nuestro país es “respetuoso de la democracia, del Estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional”. Este aparente lúcido discurso fue precedido por una reflexión más personal donde se reconoce como una mujer quechuahablante nacida en los Andes, en un país que busca su desarrollo económico con justicia social.
Lejos de conducir al país a la estabilidad o el diálogo, el Gobierno de Boluarte demostró su incapacidad para establecer consensos o, como mínimo, para respetar el derecho al disenso. De acuerdo con el reporte de Human Rights Watch (2023), las protestas en contra del Gobierno dejaron un saldo mortal de 49 personas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 a manos de las fuerzas del orden. Hasta la fecha, nadie ha sido responsabilizado por estos hechos.
Desde el Legislativo, se busca acusar constitucionalmente a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Este organismo autónomo se crea a raíz del referéndum constitucional de 2018 a raíz de los graves escándalos de gran corrupción: Lava Jato y los Cuellos Blancos del Puerto. Este último reveló audios que involucraban a funcionarios y magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como abogados litigantes y empresarios. Estas redes entrelazaron la corrupción y la política a través de comercio de influencia, lealtades y favores. De este modo, la independencia judicial y la separación de poderes se convierte en un pilar fundamental del Estado de derecho y la democracia.
Esta acción del Congreso despertó las alarmas de la comunidad internacional y diversos sectores de la sociedad civil. Las Naciones Unidas, así como las embajadas de Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, México, Francia, Argentina y Reino Unido, emitieron pronunciamientos ante los preocupantes ataques a la independencia de las instituciones.
¿La respuesta del Congreso? La Comisión de Relaciones Exteriores solicitó la expulsión del funcionario del sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Y no han sido los únicos. Ante la arremetida con la JNJ, hay silencios que ensordecen. La creciente polarización política de los últimos años, que no ha sido exclusiva de nuestro país, ha llevado a muchos sectores de las élites a dejar pasar situaciones límites en contra de la democracia.
Por ejemplo, la mano derecha del expresidente brasileño Jair Bolsonaro reveló que existía un plan para conducir un golpe de Estado ante los resultados electorales del año pasado en el país vecino. Ya lo decía Guillermo O’Donnell en 1973, América Latina se caracteriza por un patrón de dominación de élites que se asocian con partidos políticos, grupos empresariales, el ejército y otras redes de poder.
Actualmente, las élites políticas no son las mismas. Mientras que en 1980, el 82% de los votos en el Perú iban a partidos políticos, actualmente este porcentaje es de 11%. Las agrupaciones que nacen y mueren en cada elección apropian un discurso donde “lo viejo” (entendido como política tradicional, ideología, electoralismo, partidocracia, corrupción y demagogia) (Soler 2020) debe ser dejado de lado en la búsqueda de la renovación moral y revolución cultural con las herramientas del mundo empresarial, privilegiando la figura del ‘outsider’. Esto ha salido a cuenta a nivel electoral , a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, estas “nuevas-nuevas” derechas como las llama Esperanza Casullo (2022) incluyen agrupaciones que programáticamente se sostienen en la mano dura apelando al populismo punitivo y conservadurismo, y ya no solamente con la clásica economía de mercado (Luna y Rovira Kaltwasser, 2021). En nuestro país, estos grupos económicos pueden incluir sectores informales o bordeando con la ilegalidad que persiguen intereses particularistas, y que vean al poder político obtenido a través de elecciones como un instrumento más de legitimidad. Muchas de ellas, además, adoptan rasgos antidemocráticos durante momentos claves dentro y fuera del ciclo electoral, con declaraciones hostiles contra las instituciones y las personas a cargo de estas.
Todo contexto de convulsión política y social donde el Perú pasó de ser la economía de mayor crecimiento de la región a tener siete presidentes en siete años, de los cuales solo dos fueron elegidos mediante elecciones generales. Urge que sectores de todo el espectro ideológico se compren el pleito. Finalmente, siguiendo el parafraseo de Antonio Gramsci, “quien verdaderamente vive, no puede dejar de ser ciudadano”. La responsabilidad de nuestras élites políticas y económicas es participar responsablemente del debate público, puesto que la pendiente autoritaria es cada vez más empinada, y mucho más peligrosa.
