Crisis política en medio de conflictividad social

A la fecha, existen más de 400 protestas antigobierno en 132 países (Carnegie Endowment for International Peace, 2022). En el caso peruano, hay más víctimas letales en enfrentamientos y protestas a nivel nacional que días del gobierno de Dina Boluarte. Probablemente estemos presenciando el episodio más violento de nuestra historia en las últimas décadas, no solo por la cantidad de heridos y muertos sino por la confluencia del descontento generalizado. De acuerdo con el Observatorio de Protesta Global, las motivaciones de las protestas se clasifican entre ‘económico’, ‘político’, y ‘corrupción’. La única democracia donde confluyen esas tres dimensiones es el Perú. El resto de los países con conflictos de dicha magnitud en los últimos años fueron Irán, Irak y Libia.

La semana pasada en Brasil, fanáticos bolsonaristas marcharon hacia la plaza de los Tres Poderes (donde se ubican el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Federal) con dos premisas en mente: como ‘intervención militar’ ante lo que ellos consideran un fraude electoral y la remoción del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, del cargo. Más de 30 personas fueron arrastradas y el jefe policial de la capital brasileña fue retirado del cargo. No se registró ninguna víctima mortal. Despertó tal rechazo entre mandatarios de distintas orientaciones políticas como Giorgia Meloni (Italia – extrema derecha), Emmanuel Macron (Francia – derecha) y Gabriel Boric (Chile – izquierda), quienes calificaron dichos actos como reprobables e incompatibles con cualquier tipo de disenso democrático.

Por otro lado, un caso menos conocido en América Latina es de la contracumbre con el G8 en Génova en el 2011. La represión de la policía italiana fue calificada como la mayor violación de derechos humanos en Europa posguerra. Un manifestante murió de un disparo a la cabeza, y decenas de manifestantes y periodistas acreditados denunciaron actos de tortura y violencia al realizar una redada a un colegio local. Tomó más de seis años para que la Corte Europea de Derechos Humanos declare responsable al Gobierno italiano.

Lo que viene ocurriendo en Perú es sumamente preocupante por el nivel de represión y la duración de las protestas. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se insta al Gobierno peruano a realizar investigaciones rápidas, imparciales y efectivas de lo que consideran “unos de los días más mortíferos” desde que empezaron los disturbios.

Corresponde hacer una reflexión sobre lo que viene ocurriendo en Puno. Recordemos episodios de violencia como el ‘aimarazo’ liderado por Walter Aduviri, sentenciado al pago de dos millones de soles y cuatro años de pena suspendida de libertad; o el asesinato del alcalde de Ilave en el 2004, Cirilo Robles, quien murió linchado por vecinos de la zona acusado de corrupción, malversación de fondos e incumplimiento de promesas electorales. Los instigadores del delito fueron condenados a treinta años de cárcel, y la Contraloría de la República exculpó póstumamente a Robles de haberse beneficiado irregularmente durante su gestión.

Sectores del país cuestionan (con razón) los liderazgos en estas manifestaciones, pero la reproducción de los estereotipos y sentido común de siempre es contraproducente. Por ejemplo, en una entrevista televisiva en señal abierta esta semana, una periodista le increpa al gobernador regional de Puno, Richard Hancco, que haga “docencia para orientar a la población”. De acuerdo con un estudio sobre la presencia de estereotipos en la televisión de señal abierta, realizado por ConcorTV, 68% de las incidencias reflejaba o reforzaba estereotipos raciales-étnicos.

Corresponde informarse con detalle sobre las dinámicas locales a nivel social y económico que permite la organización y movilización de la población hacia la ciudad de Juliaca. Por ejemplo, es clave entender el liderazgo y ejercicio de poder de los jilaqata y mama t’alla (Choque, 2004; Gonzalo, 2022), a fin de entender los valores éticos, morales, sociales y culturales del discurso aymara. Al mismo tiempo, reconocer la diversidad y contenido de las demandas.

El uso de medios no violentos en las manifestaciones ciudadanas no solo será la opción moralmente superior siempre, sino que, además, es la más efectiva. Las protestas pacíficas tienen el doble de probabilidades de éxito que un conflicto armado. Sumado a esto, el promedio de participantes de una protesta pacífica es alrededor de cuatro veces mayor (200,000) que los de una protesta violenta (50,000). Además, si cuentan con el apoyo de más del 3.5% de la población, tienen asegurado lograr cambios políticos sustanciales (Chenworth and Stephan, 2012).

Tratar esta situación de forma condescendiente, sin asumir responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza del Gobierno, es grave. Una de cada cinco protestas dura más de tres meses. Contemplar un escenario con un saldo creciente de muertos (incluidos ciudadanos, policías, personal de salud, menores de edad) y heridos en medio de paralizaciones regionales, o eventualmente, una paralización nacional es el peor escenario en el que podríamos estar en las últimas décadas.

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