María Antonieta Merino
Docente en las universidades del Pacífico y de Lima
Los abogados solemos escribir complicado. Llenamos documentos con términos innecesarios y redactamos textos barrocos, llenos de pasos que nadie entiende. En arquitectura, lo rococó puede ser admirable; en la regulación, es un obstáculo.
La mejora regulatoria parte de una premisa sencilla pero poderosa: las normas deben ser claras y directas. Esto implica dos dimensiones. Por un lado, el lenguaje debe ser comprensible para los funcionarios y ciudadanos a quienes se dirige. Por otro, los procesos y requisitos que establece deben ser simples, proporcionados y coherentes con el fin que se busca. Una norma con términos ambiguos es problemática, pero una que además impone pasos innecesarios, plazos rígidos o registros redundantes también es opaca. La claridad regulatoria, por tanto, no se limita al estilo de redacción: abarca todo el diseño normativo.
Hace unos días se publicó la Norma Técnica para la Gestión de la Innovación Pública en las Entidades del Estado. Que el Perú cuente con un instrumento de este tipo es positivo. Debo reconocer que tuve altas expectativas, pero estas se diluyeron. Esta norma no invita a innovar, todo lo contrario: su texto emplea un lenguaje rebuscado y está plagado de pasos controlados que pueden generar una alta burocracia (¿burocracia para innovar?).
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El problema aparece en tres niveles. Primero, el lenguaje. El texto está cargado de términos que, aunque precisos jurídicamente, resultan poco amigables. No presenta ejemplos prácticos ni narrativas que orienten. Para un funcionario, leerlo es como enfrentarse a un checklist legal más que a una invitación a experimentar y aprender.
Segundo, los procesos. La norma define etapas con tiempos mínimos. Es cierto que esto brinda orden y predictibilidad, pero también puede frenar iniciativas que requieren velocidad y flexibilidad. Una innovación simple podría quedar entrampada en un calendario rígido que convierte el proceso en cumplir fases, en lugar de aprender de manera ágil.
Tercero, los registros (personalmente, los considero poco útiles). El énfasis está en documentar (reportes a distintas oficinas, actas de avance). La trazabilidad es importante, pero termina traduciéndose en más carga administrativa para los funcionarios que ya lidian con múltiples sistemas. No es difícil imaginar su reacción: “Ya tengo que llenar mil registros… y ahora me piden otro. Mejor no inicio nada que me genere más carga”. Por eso, existe el riesgo de que la norma termine desincentivando aquello que dice promover.
Para inspirarse pudieron haber tomado como referencia al Behavioural Insights Team y Nesta del Reino Unido, el Observatorio de Innovación Pública de la OCDE o los laboratorios de innovación de Canadá y Dinamarca, cuyos documentos son simples, prácticos y motivadores, diseñados con un lenguaje y procesos sencillos.
Este ejemplo se replica en otras normas y documentos del Estado; solo que tomé este caso porque busca promover la innovación, pero termina siendo más de lo mismo. Mi cruzada es general: dejemos el barroco normativo atrás. Seamos claros y simples.
