Escribe: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
Mientras se debate el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y continúa la aprobación de iniciativas que debilitan las finanzas públicas, es propicio alertar sobre la necesidad que el próximo Gobierno recupere la credibilidad en el manejo de la política fiscal. Si bien la posición fiscal se mantiene robusta en comparación con la región (con una deuda bruta de 32.1% del PBI, la mitad del promedio de América Latina), en el último quinquenio la institucionalidad fiscal ha sufrido un marcado deterioro.
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Esto se ha manifestado en múltiples frentes interconectados: el incumplimiento reiterado de las reglas fiscales y la flexibilización normativa que ha diluido su papel disciplinador; la proliferación de leyes aprobadas por insistencia que imprimen obligaciones de gasto permanentes sin fuentes de financiamiento claras; el crecimiento sostenido y poco evaluado de beneficios y exoneraciones tributarias que erosiona la base imponible; la validación por parte del Tribunal Constitucional de normas que han convertido demandas sociales en cargas fiscales inmediatas; la elevada rotación en la conducción técnica y política del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y la acumulación simultánea de riesgos cuantificables, endeudamiento bruto y neto, pasivos contingentes y amplios niveles de incumplimiento tributario y deuda administrada, que estrechan los márgenes de maniobra.
El Perú requiere estabilidad en la conducción del MEF y consolidar un marco institucional que articule reglas fiscales claras. (Fuente: Andina)
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Aunque las agencias de riesgo mantienen calificaciones de grado de inversión, los repetidos incumplimientos y la percepción de fragilidad institucional son factores que aumentan la probabilidad de revisiones negativas en caso de choques externos o de nuevas desviaciones.
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De otro lado, la alta rotación en cargos claves amplifica tres efectos perniciosos: pérdida de continuidad en la formulación y ejecución de políticas tributarias y presupuestarias; debilidad en la representación técnica del MEF frente al Legislativo y a actores económicos, lo que reduce la capacidad de anclar reglas; y costo reputacional ante mercados que monitorean la consistencia de las señales fiscales. El continuo reemplazo de ministros y viceministros ocurre en un entorno de incumplimientos de reglas fiscales y de iniciativas legislativas de gasto por insistencia, lo que combina un problema técnico (implementación de política) con otro político (capacidad de defensa de la ortodoxia fiscal).
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Por todo lo anterior, el Perú requiere estabilidad en la conducción del MEF y consolidar un marco institucional que articule reglas fiscales claras, supervisión independiente, planificación de mediano plazo y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Desde Videnza Instituto planteamos cuatro ejes de acción.
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Primero, la modernización del marco de reglas fiscales. Si bien la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal establece límites de déficit y deuda, debemos incorporar cláusulas de escape claramente definidas, mecanismos automáticos de corrección y métricas complementarias que midan riesgos estructurales (déficit primario ajustado por ciclo, pasivos contingentes, gasto permanente financiado con ingresos transitorios). Estas reglas deben ir acompañadas de un marco sancionador gradual para evitar desviaciones prolongadas.
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Segundo, la creación de un Consejo Fiscal con mayor autonomía y mandato reforzado. Aunque el Perú ya cuenta con un Consejo Fiscal autónomo, es necesario fortalecer su capacidad técnica, garantizar independencia presupuestal y ampliar sus funciones hacia tres áreas fundamentales: análisis de sostenibilidad de mediano plazo; evaluación de riesgos fiscales y pasivos contingentes; y revisión de consistencia macroeconómica de los supuestos del Marco Macroeconómico Multianual y del Presupuesto Anual. La publicación de sus informes debe ser oportuna y tener una mayor difusión para alimentar el debate público y legislativo.
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Tercero, el fortalecimiento de la planificación fiscal de mediano plazo. Esto implica vincular la programación presupuestaria plurianual con metas fiscales y de deuda para asegurar que las prioridades de gasto y los compromisos de inversión estén alineados con techos realistas y escenarios de ingresos verificables. Recomendamos integrar la gestión de riesgos fiscales y el monitoreo de pasivos contingentes en la planificación presupuestaria anual y multianual.
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Por último, la institucionalización de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Proponemos la publicación trimestral de un boletín de transparencia fiscal que reporte ejecución presupuestal, indicadores fiscales, riesgos contingentes y resultados de programas priorizados. Asimismo, establecer audiencias públicas periódicas sobre el estado fiscal donde participen representantes del MEF, del Consejo Fiscal y de la sociedad civil.
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Estando a pocos meses de las elecciones, como peruanos debemos exigir a los candidatos que aspiren a gobernarnos un compromiso explícito de resguardar la credibilidad del MEF y el manejo diligente de las finanzas públicas. Ello pasa por fortalecer una institucionalidad fiscal que asegure un entorno macroeconómico estable.
Con una experiencia en bancos multilaterales de desarrollo, se desempeñó en altos cargos en el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad Johns Hopkins de Maryland.
