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Investigadora de European University Institute
Esta semana, Human Rights Watch publicó un informe sobre las manifestaciones a nivel nacional. Dichas protestas tienen un saldo mortal de 49 personas, siendo siete de ellas menores de edad.
Esta organización internacional fundada en 1978 con miembros en todo mundo realiza investigación en 90 países con regímenes democráticos, no democráticos y aquellos que calzan en ese peligroso espacio intermedio de la pendiente autoritaria y populista.
En suma, se registra información de Gobiernos comprendidos en todo el espectro ideológico que hayan cometido violaciones a los derechos humanos de algún tipo.
Dicha veracidad e imparcialidad de sus informes se refleja en, por ejemplo, la visibilización de los presos políticos en Venezuela y Vietnam.
Califica el éxodo de siete millones de venezolanos como la mayor crisis humanitaria de nuestros tiempos. También condenó el arresto de miles de disidentes en Cuba durante las protestas de 2021 y la prohibición de la participación pública y política de las mujeres en Afganistán.
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Incluso rechazó el convenio firmado por Reino Unido para la deportación de migrantes en situación irregular a Ruanda. Es decir, sin importar la tendencia política del régimen de turno o la magnitud de lo acontecido, dichos documentos recogen y visibilizan la problemática global a la que no podemos ser ajenos.
El reporte titulado “Deterioro letal: abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú” reporta la muerte de 49 personas en el marco de las protestas ciudadanas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La gran mayoría fueron causadas por heridas de bala.
Cinco murieron por perdigones. Una por un cartucho de gas lacrimógeno, otra por una probable arma de fuego y los tres restantes por causas indeterminadas.
La organización revisó el 70% de las autopsias, y 14 de ellas fueron víctimas con heridas de bala en torso, cabeza o espalda. Este detalle es importante pues algunos corrían buscando resguardo. Quince de ellos fueron personas que tuvieron la mala suerte de pasar por la zona en ese momento, mientras que tres de ellos eran espectadores.
Desafortunadamente, tres víctimas prestaban auxilios a los heridos. Muchos de ellos tienen heridas causadas a menos de 100 metros de distancia. Una víctima mortal con más de 30 perdigones en el cuerpo.
El promedio de incidentes violentos durante las protestas fue de 0.1% y no se reporta el uso de armas de fuego por parte de los manifestantes. Este sangriento balance coloca actualmente al Perú en la categoría de “parcialmente libre”, saliendo de la categoría de “libre”, haciendo alusión al tipo de régimen político de cada país.
Sumado a ello, se registraron ataques contra periodistas, tanto por parte de los manifestantes y fuerzas del orden.
¿El origen de las protestas? Un sinfín de reclamos, algunos de ellos materialmente imposibles como la reposición de Pedro Castillo o el retorno a la Constitución de 1979; así como consignas que la gran mayoría de peruanos compartimos como la indignación por el nivel de represión, la falta de voluntad política para el adelanto de elecciones, la corrupción generalizada o la persistencia de desigualdades. Podemos afirmar con total seguridad que ninguna de esas causas ha sido resuelta hasta la fecha.
El Ministerio Público dispuso la conformación de un equipo especial para investigar lo ocurrido en el país por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos.
Al mismo tiempo, la fiscal Benavides se encuentra bajo la lupa por presuntamente haber falseado sus títulos de maestría y doctorado en la cuestionada Universidad Alas Peruanas, con licencia de funcionamiento denegada y sindicada como fachada para el lavado de dinero y fraude.
Sin existir jurados, asesores o incluso tesis alguna, sorprende sobremanera la meteórica carrera académica de Benavides que en tan solo 17 meses logró graduarse como maestra y doctora.
Vaya logro, teniendo en cuenta que dicha trayectoria le tomaría al resto de mortales, dependiendo del idioma y del país donde se realicen, entre cinco a nueve años. ¿Por qué falsear dicha información? Ambos grados le dieron la ventaja comparativa en el concurso público que la convirtió en Fiscal de la Nación (Yovera, 2023).
Una vez más, la justicia y el derecho a conocer la verdad vienen de manos que no cuentan con la solvencia moral para hacerlo, en medio de un clima permanente de zozobra y desazón latente. La presidenta Boluarte y sus ministros deben responder por esta situación.
Esto nos trae a la memoria el caso de Bolivia, donde Evo Morales vulneraba la separación de poderes, y posteriormente Janine Añez era sentenciada en medio de un proceso sin las garantías debidas, criticado duramente por la misma Human Rights Watch.
No se trata de una “doctrina capitalista” como señalaba Morales. Tampoco es una consigna “caviar” como señalan algunos. Es un principio básico de la democracia. Se llama justicia.
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