Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Nueve meses suele ser el período que se toma como referencia temporal para la gestación de un bebé. Detrás de ello, se engloba todo un concepto de esperanza de un futuro mejor para el recién nacido. Podríamos haber pensado el gobierno del presidente Castillo bajo similares parámetros: nueve meses de poner las cosas en orden para terminar desplegando un escenario de mayor prosperidad para millones de peruanos. Lamentablemente, estando por finalizar mayo, somos testigos de un deterioro generalizado preocupante.
Con mucha pena, se tiene que señalar que nos encontramos frente a una administración gubernamental con muy limitadas capacidades para mover la economía del país hacia una posición trascendente. De hecho, lo único que se observa es una muy decidida renuncia a gestionar el país. Dada esta evidencia difícil de objetar, los peruanos nos vemos obligados a presenciar la destrucción de valor en lo económico y social, tal como lo demuestra su política de expulsión de los escasos profesionales de alto estándar de la administración pública para traer a personas de dudosa calidad profesional y moral.
También se aprecia esta insistencia por aprobar a la fuerza medidas que solo hunden los indicadores de confianza, mientras en paralelo se dedica tiempo valioso a acciones nutridas de alta carga dogmática, bajo el cual los denominados Consejos de Ministros descentralizados se han convertido en el aparato promotor de una narrativa que tiene como objetivo sembrar la idea del cambio total de la Constitución.
En el camino, la conflictividad del Perú se está llevando buena parte de nuestra posibilidad de crecer. El Banco Central estimó recientemente que los conflictos sociales han reducido el crecimiento económico anual en un promedio de 0.2% durante los últimos 5 años. Si esto nos sirve de referencia, viendo la forma como se ha multiplicado estas acciones durante el gobierno de Castillo, podríamos decir que en este 2022, el crecimiento del PBI perdería cerca de 0.5 puntos porcentuales a causa de conflictos que el Gobierno, claramente, no desea solucionar. En estos cinco meses del año, nos vamos aproximando con rapidez a las 400 acciones colectivas de protesta, y a este ritmo podríamos llegar a mil en diciembre.
Y es por todo ello que, de acuerdo con Apoyo Consultoría, la confianza general del consumidor, la percepción sobre los precios y la facilidad para encontrar empleo, se van internando cada vez más a las profundidades negativas de la desconfianza. Estos tres indicadores manifiestan clara tendencia a la baja, estando 16, 34 y 14 puntos, respectivamente, por debajo del inicio de la zona optimista. Las empresas, en tanto se ubican también en zona pesimista tanto en sus perspectivas de desempeño en los próximos 3 y 12 meses de acuerdo con el Banco Central. Así, bajo esta difícil perspectiva, es difícil imaginar que la inversión privada se vea animada a moverse con el dinamismo que se requiere para crecer y generar empleo sosteniblemente.
Hoy la economía peruana se encuentra artificialmente insuflada por el alto precio de los minerales, particularmente del cobre, que viene generando una fuente enorme de recursos fiscales y un efecto multiplicador sobre el resto de las actividades que interactúan directa o indirectamente con el sector minero. De la misma manera, la enorme inyección de liquidez a la clase media formal a través de acceso a la CTS y a los fondos de la AFP ha significado recursos de casi 10% del PBI entre el 2020 y 2021, y pronto este 2022 se sumarán otros 4 puntos adicionales por los mismos conceptos, hechos que tienen la posibilidad de sumarse a un mayor consumo. Es esto en gran medida lo que nos mantiene con perspectivas de crecimiento cercanas al 2 % para el quinquenio Castillo, en un escenario base que no se deteriore más.
Pero el anterior marco de perspectivas económicas presenta serios sesgos al deterioro. El contexto internacional se viene agudizando aceleradamente, ya no solo por las restricciones de la Cadena Global de Valor, los resurgimientos de restricciones relacionadas al covid19 o conflictos como los de Ucrania y Rusia; sino también por los ajustes monetarios que se vienen dando en todo el mundo y las consecuentes recomposiciones en los portafolios desde los países emergente hacia desarrollados. Y claro, en algún momento esto llegará sin duda a cambiar el escenario alcista del precio del cobre con consecuencias que pueden ser muy negativas sobre nuestra sostenibilidad fiscal y calificación de riesgo. Súmenle a ello una mayor volatilidad en el ámbito político por cualquiera de los múltiples motivos que están sobre la mesa.
Debe quedar claro que en un contexto con mayores dificultades en lo financiero y político no habrá “anabólicos” en el mundo que ayuden a hinchar suficientemente los músculos de la economía para enfrentarnos a un territorio que será altamente hostil para la economía y cuyas consecuencias las terminaremos enfrentando todos.