Ceden las amenazas (por ahora)

“La Agenda 19 no es vista por esta gestión como el derrotero a seguir”. El titular de la portada de Gestión del martes puede marcar un antes y un después en la legislación laboral reciente. Las palabras son de Eduardo García, el ministro de Trabajo más sensato de lo que va del quinquenio, que, si bien no fue explícito en sus respuestas, insistió en que volverá al diálogo con las empresas y los trabajadores, a quienes sus predecesores le dieron la espalda para legislar a su antojo.

De naturaleza ideológica más que técnica –y de carácter proteccionista con el trabajador y sesgo antiempresarial–, la Agenda 19 se constituyó, al cierre del gobierno de Pedro Castillo, como la principal amenaza política para el entorno de negocios. Según la encuesta del SAE de Apoyo Consultoría de setiembre, bajo el rótulo de “Endurecimiento de la regulación laboral”, solo peleaba lugar con otra amenaza, que nos seguirá pasando factura: el deterioro de la gestión pública.

¿Fantasmas de la derecha? Para nada. El conteo final de EC Data de El Comercio da cuenta de un récord: 79 ministros en 497 días, casi cuatro veces más que los gobiernos con mayores cambios en el gabinete desde el retorno a la democracia. Sobran pruebas del ingreso al Estado de corruptos, investigados por múltiples delitos, expresidiarios, apologistas del terrorismo, e inexpertos o incapaces para sus cargos. Hasta era de esperarse un intento de acabar con la democracia.

Aún así, persisten las voces que exigen una Asamblea Constituyente, que busca cambiar el modelo económico. Al cierre de la semana, la presidenta, Dina Boluarte, trazó su línea: “Creo que en este Gobierno de transición no es el momento”. Pero hay que reconocer –lo he dicho aquí antes– que la izquierda ha hecho su trabajo en hacer creer a las poblaciones más desatendidas que es el camino para la construcción de un país más justo y equitativo, aunque no haya argumentos que lo prueben.

“¿Qué problemas de los que les preocupa no pueden resolverse con este régimen?”, preguntó el extitular del MEF Waldo Mendoza en una columna publicada en Gestión. La izquierda no tiene una respuesta técnica. Parafrasear frases sobre el acceso a la salud y la educación de calidad en una nueva Constitución no hará que el Estado, mágicamente, pueda hacer extensivos estos servicios. Reducir la informalidad y aumentar la recaudación con una mejor legislación laboral, sí.

Y si lo que se quiere es un Estado empresario, habría que preguntarle a los “constituyente lovers” –como los llamó Waldo Mendoza– si la prioridad de inversión no debería ser el cierre de las brechas en los servicios mencionados, antes que nuevas refinerías de Talara. E, incluso –y más allá de las malas experiencias previas–, si tenemos un Estado sólido, capaz de administrar nuevas empresas estatales, o si con el aumento de su dimensión no crearíamos, más bien, un nuevo botín.