
Escribe: Patricio Valderrama-Murillo, experto en fenómenos naturales
Agosto y septiembre son, históricamente, los meses más críticos para los incendios forestales en el Perú andino y de selva alta. El cielo despejado, la vegetación seca y los vientos locales convierten una chispa agrícola o accidental en un frente de fuego difícil de contener. Este 2025 no es la excepción: el Senamhi elevó a alerta roja el riesgo de incendios para amplias zonas del centro y sur desde inicios de mes, un llamado explícito a reforzar prevención y vigilancia antes de que el fuego se descontrole.
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La señal se ha materializado en el territorio. El COEN reportó en Puno incendios recientes en Juli y Cabanillas con daños a la cobertura natural, confirmando que la temporada ya escaló del “aviso” a la “atención en campo”. En paralelo, direcciones zonales del propio Senamhi –por ejemplo, Puno y el corredor Ica–Huancavelica sur–Ayacucho sur– difunden boletines semanales para orientar a autoridades y comunidades sobre días y sectores con mayor peligro, facilitando patrullaje, cortafuegos y educación comunitaria. En Puno, uno de esos informes registró ocho incendios en la semana evaluada.

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A este panorama se suma una tendencia que venimos arrastrando: septiembre del 2024 fue el mes con más incendios en el país desde el 2015 y dos de cada tres focos ocurrieron en ecosistemas naturales, no solo en áreas agropecuarias, según MapBiomas Perú. Es decir, la presión del fuego ya no distingue entre paisaje de conservación y economía local. Para este 2025, con una temporada seca bien establecida, el riesgo vuelve a concentrarse en la franja andina y de selva alta del sur y centro: Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco, además de Ucayali y Madre de Dios, deben asumir semanas con muy baja humedad, tardes cálidas y vientos locales que aceleran la propagación.
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El costo económico de un incendio rara vez se mide completo. A la pérdida directa de pastos, bosques, cultivos o infraestructura se suman costos “invisibles”: interrupciones logísticas, cierres de atractivos turísticos, jornadas perdidas por mala calidad del aire y mayor gasto sanitario. La Organización Panamericana de la Salud recuerda que la exposición al humo y a partículas finas (PM2.5) agrava enfermedades respiratorias y cardiovasculares y eleva la demanda de servicios de salud, con impactos laborales y financieros para gobiernos y empresas. En temporadas intensas de quema en Sudamérica, plumas de humo han cruzado fronteras afectando la calidad del aire en países vecinos, incluido el Perú.
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La conclusión es tan simple como exigente: prevenir es mucho más barato que apagar. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, en su Informe de Evaluación Global 2025, estima costos directos anuales por desastres del orden de 202 mil millones de dólares y sostiene que cada dólar invertido en reducción del riesgo y prevención puede evitar pérdidas múltiples en recuperación; en infraestructura, cada dólar en resiliencia ahorra alrededor de cuatro dólares en reconstrucción. La relación beneficio–costo se incrementa cuando la inversión se focaliza en prevención ex ante, no en respuesta ex post.
¿Qué hacer ahora, en pleno pico de temporada?
Anticipación operativa en territorio. Gobiernos regionales y locales deben financiar turnos reforzados, puntos de observación y cuadrillas con equipos de protección y herramientas adecuadas; usar los avisos diarios y boletines semanales para definir ventanas de riesgo por distrito y programar patrullaje y cortafuegos. La coordinación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y los comités de gestión local es clave para que la alerta climática se traduzca en acción concreta.
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Primer ataque rápido y brigadas mixtas. Concesiones forestales, agroindustrias, operadores turísticos y empresas eléctricas pueden cofinanciar cisternas, mochilas de agua, herramientas y entrenamiento conjunto. Cada hora ganada en el primer ataque reduce exponencialmente el área afectada y el costo total.
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Reglas claras en temporada seca. Moratorias temporales de quemas y permisos condicionados a manejo de residuos agrícolas, más integración del riesgo de incendio en mantenimientos de carreteras, líneas eléctricas y áreas protegidas, evitan apagones, cortes de ruta y cierres turísticos.
Salud pública y comunicación. Protocolos simples para población vulnerable (niños, adultos mayores, personas con asma/cardiopatías), difusión diaria de calidad del aire y mensajes claros de “qué reportar, a quién y cómo actuar en los primeros minutos” reducen daños y saturación de servicios.
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Esto no es solo un asunto ambiental; es un problema de productividad y de finanzas públicas. Cada sol prevenido evita varios soles de pérdida futura y mantiene abierta la economía local: trekking operando en Cusco, rutas activas hacia el Colca, agro en cosecha sin interrupciones y ciudades sin humo. La temporada seca seguirá ahí; lo que puede cambiar –y depende de decisiones de hoy– es nuestra respuesta. Este agosto, la inteligencia es invertir en no tener que contar hectáreas quemadas mañana.