Escribe: María Julia Sáenz, socia líder de Tax & Legal de KPMG en Perú
En tiempos de crisis de confianza, es fundamental que las instituciones se reconecten con su misión original para restaurar la credibilidad y promover un desarrollo justo.
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La última edición del Barómetro de Edelman muestra un panorama sombrío en el que la confianza en gobiernos, empresas y élites económicas está en franco declive. Seis de cada diez personas manifiestan niveles moderados o altos de descontento. Existe una precepción de injusticia estructural que beneficia a unos pocos, dejando a la mayoría en el olvido. Edelman señala que existe una transición del miedo a la polarización y hacia el descontento generalizado. El fenómeno se alimenta de una mentalidad de “suma cero”, en la que el éxito de unos implica necesariamente la pérdida de otros.
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Para revertir esta crisis, Edelman invita al esfuerzo conjunto de todas las instituciones. La clave estará en reconstruir la confianza, combatir la desinformación y ofrecer resultados tangibles que beneficien a todos.
La administración tributaria peruana señala en su página institucional que tiene la misión de “servir al país a través de la administración justa, íntegra, eficaz y eficiente del sistema tributario y aduanero, necesaria para el desarrollo económico y social de los peruanos”. Asimismo, precisa que, en su objetivo de acelerar la adopción de la gestión de riesgos de cumplimiento, busca “contribuir a la sostenibilidad fiscal y la competitividad, en un marco de eficiencia, una aplicación justa de la legalidad, transparencia, generación de confianza de la sociedad y comportamiento ético”.
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Estas expresiones se mantienen desde su espíritu refundacional, que reconoce que la administración juega un rol fundamental porque es la titular del cuidado de la tributación, la cual tiene que ser coherente con la justicia y el bien común. La que busca contribuir con honestidad, a tener un país menos desigual.
Contrasta, sin embargo, la realidad que hoy enfrentamos. Un nivel de cumplimiento deplorable, marcado por la informalidad notoria y hasta celebrada por los que la protagonizan y la poca o nula capacidad (o voluntad) de la administración fiscal por combatirla. A la vez, la dureza y poca apertura con la que enfrenta procesos de fiscalización o de solución de controversias, en los que comprobamos con tristeza, como no hay equidad, o justicia en la toma de decisiones administrativas o contenciosas (en Sunat y en el Tribunal Fiscal).
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Cómo se contribuye con la competitividad y la aludida “justa legalidad”, cuando el factor tributario puede ocasionar la quiebra de las empresas o la decisión de no venir a invertir en el Perú, o la de no ser directamente formal, cuando se opera en esta economía. Ciertamente una tarea pendiente la de construir primero confianza. Quizá apelar al espíritu de los refundadores de la Sunat, es lo que corresponda. Yo también creo, como Manuel Estela, que la Sunat debe volver a hacer la “confesión de fe” fundacional: “Donde haya corrupción, la Sunat pondrá honestidad; donde haya escepticismo, la Sunat sembrará credibilidad; y así la Sunat contribuirá a reemplazar la frustración por la esperanza en el Perú”.
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