Las recesiones no son solo caídas del producto; son, sobre todo, fallas de coordinación. Ante un shock negativo –financiero, sanitario o externo–, empresas, bancos y hogares reaccionan de manera racional a nivel individual (postergando inversión, restringiendo crédito o elevando el ahorro), pero generan un resultado contractivo agregado. La macroeconomía moderna –desde los modelos neokeynesianos hasta la literatura de acelerador financiero– coincide en que, bajo fricciones, el equilibrio competitivo deja de ser eficiente. De allí surge la justificación de la política contracíclica, no como discrecionalidad, sino como corrección de fallas de mercado. La política monetaria intenta relajar condiciones financieras, pero cuando la incertidumbre es alta y los balances están deteriorados, el canal crediticio se debilita, configurando lo que la literatura denomina una balance sheet recession. En ese contexto, la política fiscal –especialmente mediante garantías y subsidios– resulta clave para reactivar el crédito y evitar dinámicas de quiebra en cadena, reduciendo primas de riesgo que amplifican los ciclos.
Sin embargo, todo este andamiaje descansa en un supuesto fundamental: la credibilidad del Estado. La política económica no opera solo a través de instrumentos, sino de expectativas. La reputación del Banco Central y la capacidad del Ejecutivo de honrar sus compromisos son determinantes para alinear decisiones privadas. Como advierte la teoría de la inconsistencia temporal, la credibilidad es un activo acumulado que puede erosionarse rápidamente, con efectos reales sobre el costo del financiamiento, la asignación de recursos y la eficacia de la política económica. Sin ese activo, incluso instrumentos técnicamente bien diseñados pierden potencia.
Durante la pandemia, el Perú mostró que es posible alinear diseño técnico e institucionalidad. El programa Reactiva Perú permitió sostener el crédito, contener riesgos sistémicos y evitar una ruptura generalizada de la cadena de pagos. Más allá de sus imperfecciones, dejó una señal clara: en momentos críticos, el Estado puede actuar como un garante confiable. Esa señal, sin embargo, hoy se está debilitando de manera preocupante a la luz de lo que viene ocurriendo con el programa Impulso Empresarial MYPE.
El programa Impulso Empresarial MYPE, creado en el 2022, buscaba extender esa lógica hacia empresas más vulnerables, combinando garantías con el Bono de Buen Pagador para alinear incentivos y aliviar la carga financiera. Desde el punto de vista del diseño, está muy bien, pero el comportamiento del Estado ha generado un problema grave en su ejecución. ¿Qué ha sucedido? Pues el Estado no ha cumplido con las transferencias comprometidas, lo que ha alterado unilateralmente las condiciones bajo las cuales las empresas tomaron decisiones. Con este quiebre en su compromiso como actor clave en el programa, se ha terminado trasladando costos inesperados a unidades productivas frágiles, deteriorando su liquidez y elevando el riesgo de incumplimiento, trayendo en algunos casos efectos directos sobre su historial crediticio y acceso futuro al financiamiento. Lo que era un programa bien diseñado, por culpa del incumplimiento del Gobierno, puede terminar en mayor exclusión del sistema financiero.
Aquí no estamos ante un problema administrativo menor, sino ante una ruptura contractual que erosiona la lógica misma de estos programas. Cuando el Estado incumple compromisos explícitos, introduce un nuevo riesgo en la economía: el riesgo de que su propia palabra no sea creíble. Esto tiene consecuencias inmediatas. Los bancos internalizan ese riesgo y encarecen el crédito o restringen su oferta; las empresas se vuelven más cautas o directamente se excluyen de futuros esquemas; y, lo que es peor, cualquier intervención contracíclica futura pierde efectividad porque parte de un menor nivel de confianza. Un quiebre institucional con efectos persistentes en el futuro.
Desde la teoría económica, esto equivale a desplazar la economía hacia un equilibrio de baja credibilidad, donde los instrumentos de política pierden potencia y los costos de intervención aumentan. Repito: el daño, por tanto, no es solo presente, sino intertemporal. En un país como el Perú –con alta informalidad y mercados financieros incompletos– los mecanismos basados en garantías y subsidios son herramientas indispensables. Pero su efectividad depende, en última instancia, de la confianza.
Por eso, lo que viene ocurriendo con Impulso MYPE es particularmente grave. No solo afecta hoy a miles de empresas; sienta un precedente que encarece el crédito, restringe el acceso financiero y debilita la capacidad del Estado de responder ante futuras crisis. La política contracíclica no se sostiene en anuncios, sino en credibilidad. Reactiva mostró lo que ocurre cuando esa credibilidad existe. Impulso MYPE está mostrando el costo de perderla. Y recuperar la confianza, a diferencia de perderla, siempre resulta más caro.
Por lo mismo, el Gobierno tiene el deber de corregir esta situación con urgencia. Honrar los compromisos asumidos no es un gesto discrecional, es una condición necesaria para restituir la integridad del contrato implícito con el sector privado. Cada día de retraso amplifica el daño: deteriora balances empresariales, tensiona al sistema financiero y profundiza la desconfianza. Más aún, envía una señal equivocada en un momento en que el país necesita precisamente lo contrario: previsibilidad, consistencia y respeto por las reglas.
David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad.
