Escribe: Gino Menchola, Deputy Country Senior Partner en PwC Perú
Esta semana se llevó a cabo en Lima la Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE 2025, con el propósito de promover, entre otros objetivos, un crecimiento económico sostenido. Para ello, resultan necesarios dos elementos fundamentales: una estabilidad que combine la predictibilidad jurídica con una economía exenta de fluctuaciones relevantes y la promoción de la inversión privada.
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La estabilidad jurídica y la promoción de la inversión privada, a su vez, necesitan de un marco legal idóneo que las promueva y que garantice su funcionamiento. Actualmente, dicho marco legal no existe en nuestro país. Con un sistema jurídico burocrático, excesivamente formalista y muchas veces obsoleto, el Perú se encuentra aún lejos de ese escenario ideal.
Las estadísticas sobre el tiempo que le toma a los peruanos abrir una empresa o declarar sus impuestos nos dejan muy mal frente a nuestros pares de la región.
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Las estadísticas sobre el tiempo que le toma a los peruanos abrir una empresa o declarar sus impuestos nos dejan muy mal frente a nuestros pares de la región. Los excesivos formalismos de nuestra legislación constituyen sobrerregulación burocrática. Inversionistas de los sectores extractivos o de infraestructura enfrentan un enmarañado sistema de permisos, licencias y autorizaciones donde se sobreponen administraciones de alcance nacional, regional y local. Las demoras y denegatorias resultantes constituyen barreras significativas para la inversión privada.
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Ante este panorama, es necesario desarrollar un gran proyecto de revisión y simplificación de procedimientos administrativos. Este esfuerzo debe abarcar no solo los trámites relacionados con permisos, licencias y autorizaciones, sino también aspectos clave como la declaración y pago de impuestos o los vinculados a las planillas de trabajadores. Asimismo, la figura del silencio administrativo positivo, mecanismo por el cual la solicitud de un particular se considera aprobada en los términos solicitados si la administración no responde dentro del plazo establecido, debería operar en la gran mayoría de trámites y procedimientos del país.
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La seguridad jurídica, entendida como la garantía de que las normas y decisiones judiciales son predecibles, estables, claras y aplicadas de forma imparcial, es también un pilar fundamental de la promoción de la inversión privada y, en consecuencia, del crecimiento económico sostenido. No basta con que las reglas estén claras, es indispensable garantizar que estas serán aplicadas de una manera objetiva por los administradores de justicia. En esta línea, es evidente que el número de arbitrajes internacionales que se han iniciado contra el Estado peruano durante los últimos años refleja la desconfianza en los mecanismos de solución de disputas disponibles.
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A su vez, la predictibilidad es una característica indispensable de cualquier sistema jurídico que se considere seguro, por lo que resultan de vital importancia los regímenes de estabilidad aplicables a los inversionistas y las sociedades receptoras de inversión. La protección de los contratos entre el Estado y los particulares mediante regímenes de estabilidad jurídica y tributaria disponibles para los inversionistas en general, así como la reducción de la discrecionalidad jurisdiccional derivada de la interpretación de tales contratos, resultan primordiales para establecer un ambiente propicio para la atracción de inversión privada.
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Finalmente, resulta necesario adecuar nuestra legislación para que promueva conceptos empresariales modernos como la digitalización de la economía mediante la adopción de activos digitales, el uso de la inteligencia artificial como motor de desarrollo y la aplicación de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) como impulso reputacional del crecimiento sostenido.
