Escribe: Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep
El agro peruano es considerado como un milagro en lo social y económico, y es un referente global. Deja anualmente en la economía regional y nacional nada menos que S/ 36,000 millones en pagos de salarios, pagos a proveedores e impuestos, lo que sin duda repercute en mejores condiciones de vida para los peruanos.
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La fórmula del éxito fue la combinación de una serie de políticas públicas que permitieron atraer cuantiosa inversión privada al campo: la incorporación de irrigaciones a gran escala en los desiertos costeros, el eficiente trabajo del Senasa en eliminar barreras sanitarias en los mercados de exportación y una regulación sectorial ad hoc amigable a la inversión.
Sin embargo, desde el 2020 se han materializado riesgos cuyos efectos hacen peligrar su continuidad:
-El 2020: el trabajo agrario en Pandemia generó un importante sobrecosto, afectando la economía de las empresas además de la abrupta derogación de la Ley de Promoción Agraria. Imponiendo adicionalmente cargas antitécnicas que restan competitividad al sector, el mismo que opera en zonas con escasa infraestructura y servicios públicos y privados, cuyas carencias deben ser suplidas por las empresas del sector. Con ello, en el 2021 transitaron hacia la informalidad más de mil empresas que estuvieron acogidas al régimen agrario.
-El 2021: la crisis de los contenedores incrementó los fletes refrigerados en US$0.5/kg, o sea se llevó todo o gran parte del margen del agroexportador. Los fletes comenzaron a bajar recién en el 2023.
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-El 2022: la guerra Rusia-Ucrania afectó la producción mundial de urea (nitrógeno agrícola) generando desabastecimiento y elevando los costos de sustitutos de manera exponencial. El Gobierno peruano intentó sin éxito la importación de urea. La inflación global encareció los insumos agrícolas y logísticos, mientras que los productos exportados por el Perú vieron recortada su demanda, reduciendo así sus precios de venta en los mercados de destino.
-El 2023: las paralizaciones de carreteras por 21 días en Ica y en la Libertad en plena campaña de uva y arándanos por protestas en defensa del golpe de Pedro Castillo echaron a perder miles de toneladas de fruta fresca, generando perdidas a los productores agrarios, mientras que El Niño costero elevó las temperaturas mínimas de la costa afectando severamente la productividad, la sanidad agraria y el costo de producción.
De este relato se desprende que el sector está expuesto a múltiples riesgos, por lo que urge una política sectorial ad hoc para encaminar su recuperación. Se ha anunciado un paquete de medidas. Ojalá pidan opinión al sector privado sobre la efectividad de estas. El empleo de UN MILLÓN de peruanos depende de esta actividad.
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