Únete al canal de GestiónSocio del Estudio Muñiz
La semana pasada se llevó a cabo una edición más de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) en la ciudad de Cusco, siendo uno de los temas tratados la denominada “nueva formalidad, propuesta integral desde el sector privado para impulsar la formalidad laboral, tributaria y social”.
La consultora Macroconsult, representada por el economista Elmer Cuba, propuso impulsar la formalidad laboral creando un régimen tributario general progresivo, eliminando el Régimen Especial de Renta (RER) y mejorando al Régimen Único Simplificado (RUS). Desde lo laboral, planteó una regulación que se aplique de manera progresiva, con salarios basados en la productividad.
Lo real es que el Perú es uno de los países con mayor informalidad en la región y que las microempresas, que constituyen los principales empleadores, son informales en más del 90%. Esta situación amerita no solo la reflexión sino también la acción. A manera de antecedente conviene señalar que en la CADE 2022 también se trató el tema del empleo formal, afirmándose que se requería una mayor inversión para revertir los índices de informalidad. Y en lo que al crecimiento del PBI se refiere, las proyecciones no resultan auspiciosas en lo más mínimo, pues el BCR recortó su proyección de crecimiento al 0.9% para este 2023, mientras que el Instituto Peruano de Economía (IPE) pronostica un -0.3%, cifras por debajo del promedio de los países de Latinoamérica, que crecería un 1.9% según el IPE. Para el BBVA Research, la economía crecerá 0.4% en 2023. En todos los casos se sustentan las cifras en la caída de la inversión privada, los fenómenos climatológicos, los conflictos sociales. Para el 2024, los expertos pronostican que el PBI crecerá alrededor del 2.3-2.4% dependiendo de cuán fuerte sea el fenómeno de El Niño que se viene.
Y no perdamos de vista que nuestra economía se encuentra en recesión. En agosto, el PBI retrocedió en 0.63%, acumulando cuatro meses en negativo. En materia de empleo, la disminución en la producción genera un menor empleo formal y un aumento del desempleo.
Según la encuesta mensual de expectativas macroeconómicas, publicada por el BCR en octubre, las empresas consideran que los factores que más limitan al crecimiento en el corto y mediano plazo son la inestabilidad política, los conflictos sociales y la dificultad para tramitar servicios con el Estado. Otros factores limitantes son la inseguridad jurídica, el mercado laboral rígido, tasas tributarias altas y/o regulación tributaria compleja.
Lo que es cierto, y así lo dicen los expertos, es que la inversión privada es un motor para el crecimiento y por ende para la generación de empleos formales, cuya cifra ha mejorado respecto al 2020, pero es aún insuficiente. Lamentablemente estamos en márgenes negativos de la inversión privada por las razones antes señaladas. En efecto, sin estabilidad política ni jurídica, los inversionistas no van a arriesgar su capital en el país. Ahí tenemos una gran tarea pendiente.
Aunque no solo es eso, se deben diseñar estrategias que incentiven a las microempresas informales a cruzar la línea hacia la formalidad. No es atractivo tener un régimen tributario complicado, una serie de trabas administrativas que deben superarse como las licencias municipales, o el accionar absurdo de lo gobiernos locales a través de clausuras carentes de sentido, o una regulación laboral poco amigable.
La visión debe ser integral, a partir de una política pública, entendida como un instrumento de transformación. El objetivo por alcanzar sería reducir la alta informalidad, que no solo abarca lo laboral, sino lo tributario y administrativo. Para ello, y como lo hemos sostenido anteriormente, abordar lo laboral no es suficiente, debe mirarse el sistema regulatorio de manera transversal. En laboral, por ejemplo, puede estudiarse la implementación de un sistema menos costoso y que se aplique de manera gradual a las microempresas. Es cierto que desde hace varios años tenemos a la ley mype sin resultados positivos pues la informalidad sigue alta, pero si la receta implica un planteamiento integral, probablemente la cosa funcione de manera distinta. Inclusive podría evaluarse un sistema que permita a la microempresa insertarse en el mercado formal y que lo adeudado por el periodo previo sea amnistiado o reinvertido en el propio crecimiento del negocio. No incentiva para nada el pretender cobrar deudas pasadas que pueden desestabilizar al empresario que ha decidido pasar al mundo formal.
Desde luego, no podemos tampoco dejar de prestar atención a las pequeñas y medianas empresas, y eventualmente alguna de las grandes, que aún tienen trabajadores fuera de planilla, pagan parte de los salarios de manera informal por considerar que los costos laborales no salariales son altos, que existe rigidez en la contratación y/o en el despido. Con ello no pretendemos proponer una desregulación laboral pero sí analizar de manera objetiva algunas reglas excesivas que se han ido fijando en el tiempo. Me refiero a la reposición como reparación contra el despido o el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios en el mismo escenario, que no se encuentran previstas en nuestra regulación, sino que responden a creaciones jurisprudenciales. Y ni qué decir de los proyectos de ley en materia laboral, muchos de ellos antitécnicos y que demuestran que los congresistas están de espaldas a la formalidad.
Ojalá que lo discutido en la CADE se ponga en práctica y no quede solo en el plano teórico, y se generen propuestas integrales y multidisciplinarias que aborden a la informalidad que tenga eco en el Gobierno. Ello debe ir de la mano con un mejor filtro en los proyectos de ley que vienen del Legislativo, una mirada a las reglas laborales vigentes que afectan a toda empresa y, también, a la actitud de la Sunafil como autoridad que debe consolidarse como promotora de la formalidad y no como el dolor de cabeza de los formales. Apuntar hacia la formalidad no significa dejar de respetar los derechos laborales, sino promover a que más trabajadores tengan acceso a ellos.
