Petroperú, la empresa de todos

Para hacer la “nueva” Talara con una inversión de US$ 5,000 millones, Petroperú emitió bonos internacionales por US$ 3,000 millones y deuda sindicada de US$ 1,300 millones del gobierno español que colocó en los mercados. Cómo se trata de una empresa del Estado cualquier deuda de ésta la pagaremos todos.

Los bonos emitidos por Petroperú de grado de inversión han sufrido una rebaja en su calificación por Fitch y Standard & Poors, lo que significa que para el tenedor del bono estos hoy valen menos, y si el tenedor los tiene que vender, los intereses suben. Además si Petroperú quiere volver a emitir pagará mucho más por sus bonos. La deuda sindicada está atada a una condición (covenant) que podría no cumplirse; la deuda entraría en default y los bonos bajarían de precio y se aceleraría la cobranza por parte de los acreedores Todo como consecuencia de la nueva gestión de la empresa.

Los problemas en la empresa empezaron con el nombramiento del gerente general y director, Hugo Chavez. Este cambió a varios profesionales de Petroperú por personas sin las mismas capacidades técnicas de sus predecesores. La licitación con Heaven Petroleum, fue declarada desierta luego de un escándalo que llegó hasta Palacio para volver a adjudicarla a la misma empresa, que ha incumplido el contrato por supuesta “fuerza mayor”. La Fiscalía inició investigación con prohibición de salida del país a varios funcionarios de la empresa, entre ellos a Chavez, manteniéndolo en su cargo. En paralelo la Contraloría denunció que Chavez entorpecía sus investigaciones y la Procuraduría Anticorrupción pidió que se le suspenda en sus funciones. Entre tanto la auditoría anual del 2021 encargada a Price Waterhouse por la Contraloría, se frustró pues la auditora se negó a realizarla aduciendo adelanto de fecha y una cláusula de confidencialidad permanente que Price Waterhouse no está dispuesta ha aceptar. La Contraloría busca infructuosamente otra auditora, sin suerte. Nadie quiere poner su nombre al lado de una empresa manejada políticamente.

En estos días se reunió la Junta General de Accionistas, el órgano supremo de Petroperú, conformada por los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas para analizar la situación de la empresa. Petroperú sacó un comunicado público que luego eliminó diciendo que la Junta respaldaba su actuar. Esté fue contradicho públicamente por el MEF y en la segunda Junta no asistió el MEF

El Estado, para manejar sus 35 empresas públicas, formó en el año 1999 el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE- que, liderado por el Ministro de Economía y Finanzas e integrado por los ministros de Vivienda, de Energía y Minas, de Transportes y Comunicaciones y el Premier revisan cada mes, a partir de informes de profesionales de alto nivel, la situación de cada empresa. FONAFE emite lineamientos sobre presupuesto, política remunerativa, estructura salarial, normas de gobierno corporativo, de contratación de personal, entre otros. Pero la Ley 28840, llamada irónicamente, Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú, de fines de julio del 2006, impulsada por los que querían hacer una nueva refinería, sacó a Petroperú del ámbito de FONAFE, del Sistema de Inversión Pública y de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora vemos los resultados de esto.

Luego de la renuncia de Hugo Chavez, esperemos que los ministros de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, y el directorio resguarden los intereses de todos los peruanos nombrando un gerente idóneo, protegiendo el patrimonio de la empresa y, ahora sí, fortaleciendo a Petroperú con un manejo transparente, honrado y técnico que tanta falta hace.