Escribe: Enrique Castillo, periodista.
Cuando se habla de crisis institucional en el Perú, muchas veces se toma como una frase cliché más. Una frase que menciona una de esas crisis a las que se les llaman estructurales, porque alude a problemas que vienen del pasado (no sabemos desde cuando), y que probablemente no tendrán solución en un futuro cercano, y quizás ni en el lejano.
Si hace algunos años le hubiéramos pedido a varios ciudadanos en el Perú que nos den un ejemplo de crisis institucional, seguro habríamos tenido respuestas variadas referidas a la corrupción, a la crisis política, a la educación, a los conflictos sociales o a la injusticia de la justicia.
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Hoy, sin embargo, los ciudadanos ya no tienen que darnos su opinión sobre lo que es para cada uno de ellos la crisis institucional. Ya no tienen que hacer un esfuerzo para darnos algún ejemplo. No tienen nada que imaginar.
Para saber lo que es la crisis institucional, ya no hay que buscar a especialistas, historiadores, opinólogos. La crisis institucional está a la mano, ante nuestros ojos, se nos revela todos los días.
No es ninguna novedad que nuestro Congreso, como en muchos otros países, es una fuente de problemas, irregularidades y de denuncias. Pero lo que últimamente hemos visto en el Parlamento peruano es de un nivel realmente deplorable, vergonzoso.
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Violaciones, favorecimientos indebidos, uso de los recursos públicos para beneficios personales, allanamientos a domicilios de congresistas, y una larga lista de delitos e irregularidades, son parte de la vida cotidiana de los parlamentarios, tanto de los que cometen los delitos o las irregularidades como de aquellos que, no siendo partícipes de esos actos, terminan justificándolos, ignorándolos, o pasándolos por agua tibia en comisiones que dilatan tanto sus procesos como para que el olvido les permita archivar las investigaciones lavando la cara de los colegas; o aplicar sanciones tan leves y ridículas que no generan ningún efecto.
Lo de la Fiscalía es relativamente nuevo. La lucha de poder en el Ministerio Público siempre ha existido, pero siempre fue de baja intensidad. Nunca antes alcanzó el nivel de enfrentamiento público, abierto, frontal y despiadado que tiene hoy.
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La Fiscalía de la Nación, con la fiscal o el fiscal, con un bando o el otro, es caserita de los espacios judiciales o policiales de los medios de comunicación, ya no como titular de la acción penal contra la delincuencia, sino como protagonista de actos que para muchos constituyen delitos, venganzas, irregularidades o ilegalidades manifiestas. Es más, hoy los fiscales dirigen sus acciones contra periodistas, simple y llanamente, porque no les gusta el artículo que escriben, o porque se sienten atacados o atacadas por lo que se escribe o se dice, y se allanan sus casas requisándoles sus celulares y sus computadoras.
El enfrentamiento entre el Congreso y la JNJ también es reciente, y también es público, abierto y frontal. No hay tregua, ni buenos modales democráticos. Y entra a terciar el Tribunal Constitucional, al que también se le ataca desde una orilla política y se le defiende desde el otro extremo.
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Sobre el Ejecutivo ya se ha dicho bastante, pero si se trata de mostrar ejemplos de crisis institucional, no se puede obviar al Gobierno. Frivolidad, incapacidad para enfrentar los problemas del país, denuncias y escándalos de favorecimientos indebidos, desgobierno en varios sectores, aislamiento político y público de la presidenta que tiene menos aprobación que el Congreso, lo que ya es decir demasiado.
Si todo esto no es una verdadera, real y cercanísima crisis institucional, ya no sabemos qué lo sería. La hemos tenido y vivido antes, pero nunca a este nivel. Jamás las “instituciones” en el Perú han caído tan bajo (claro, aquí siempre se puede caer más bajo), y sus miserias, así como las de sus miembros, han quedado tan expuestas a los ojos de la ciudadanía.
Todos, incluidos el JNE, siguen cayendo cuesta abajo sin que muestren un poco de vergüenza.
La polarización, la lucha por el poder, la necesidad de controlar las instituciones están presentes desde hace algunos años, y siempre han sido parte de la política y del manejo institucional. Pero lo que está sucediendo hoy muestra ese deterioro cada vez mayor de quienes los promueven y manejan, y (lo más preocupante) la tolerancia o indiferencia de la población y de las organizaciones llamadas a constituirse en las instituciones intermedias de nuestra sociedad.
Lo más triste de todo es que, de acuerdo con nuestro ordenamiento legal, el control político de todas las organizaciones mencionadas líneas arriba y de sus miembros está en manos del Congreso de la República. La más desprestigiada y la más infestada de las instituciones en el Perú es la que tiene en sus manos el destino de todas las instituciones que conducen el país. Y lo peor es que nadie puede hacer nada contra el Congreso, por lo que los congresistas se sienten muy tranquilos y seguros.
Si no sabía lo que era una crisis institucional, ahora puede verla en vivo y en directo, sin que se la cuenten.
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