Carolina Trivelli, Economista del IEP
Si un tema de la agenda pública debería unirnos es el de la alimentación y nutrición de todos los niños y niñas del Perú. No solo por un asunto ético o de mínima justicia social, porque son el futuro, o porque acceder a una buena y nutritiva alimentación es un derecho, sino también porque la factura de no asegurar una adecuada nutrición la pagaremos todos los peruanos. El Programa Mundial de Alimentos, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), estimó que en el 2019 la malnutrición (anemia, desnutrición y sobrepeso y obesidad) le costaron al Perú más de US$ 10,000 millones, más de 4 puntos del PBI. Niños que crecen con hambre y con malnutrición serán adultos con más enfermedades, serán trabajadores menos productivos, serán un conjunto de oportunidades no realizadas; será más pobreza y menos progreso para ellos y para el país.
No creo que haya ninguna persona a la que este tema no le parezca obvio, que discrepe de que este tema debería ser prioritario. A pesar de ello, la situación alimentaria de niños y niñas ha empeorado y las políticas públicas, la acción social y el soporte privado no logran articular esfuerzos para revertir no solo la peor situación alimentaria de los niños hoy, sino la atención a los problemas de hambre y malnutrición que aquejan a millones de niños y niñas peruanas.
La situación es grave. Los resultados recientemente publicados por el INEI (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Endes 2022) revelan que el porcentaje de niños y niñas con anemia se incrementó. Ya era alto, alrededor de 40% entre 2019 y 2021, y en el 2022 la situación empeoró, y la anemia registrada en niños entre 6 y 35 meses fue de 42.4% (39% en el ámbito urbano y 51.5% en el ámbito rural). La anemia en mujeres en edad fértil también subió. Estábamos mal en este tema, ahora estamos peor.
La Endes 2022 revela también que el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica no se redujo, por primera vez en más de 15 años. Si bien nuestro país es considerado un ejemplo en reducción de la desnutrición crónica infantil, por sostenido proceso de mejora, en el 2022 vimos una ligera alza en el indicador. En el 2022, el 11.7% de niños y niñas menores de cinco años presentaron desnutrición crónica (resultado muy similar al del 2012, 11.5% y al de los últimos años, 12%). El 7% de niños menores de 5 años en área urbana y el 24% en área rural presentan desnutrición crónica. A pesar de ello, hay una mejora respecto al 2009, por ejemplo cuando el 23.8% de los niños presentaba desnutrición crónica. Estábamos mejorando sostenidamente y la mejora se ha detenido.
Estos dos problemas de malnutrición –anemia y desnutrición crónica– son resultado de las serias deficiencias alimentarias que enfrentamos que se han agravado con la crisis alimentaria (agudizada por la alta inflación de precios de alimentos y la lenta recuperación de los ingresos de las familias) actual. Pero también son un reflejo de la falta de acción frente a ello.
El sector público, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, debe ser el articulador de todas las acciones del aparato público destinadas a enfrentar esta grave situación de malnutrición infantil. Sectores como el Midis, el MIMP, Minedu, Vivienda y Construcción deben sumar, al igual que gobernadores regionales y alcaldes. El Estado peruano ya ha demostrado que puede generar estrategias e intervenciones efectivas para enfrentar problemas de malnutrición. La experiencia de los últimos años en materia de reducción de desnutrición crónica así lo demuestra. Parece que la factura de los cambios en el sector público, su desorden, los intereses políticos de algunas autoridades y la falta de liderazgo político en este tema están pasándole esta costosísima factura a los niños y niñas, y a todos nosotros.
La sociedad civil –ONG, universidades, centros de investigación, asociaciones civiles y humanitarias diversas–, la cooperación internacional y el sector privado están tratando de ayudar en estos desafíos. Pero, a pesar de sus enormes esfuerzos, aún son acciones aisladas que no logran escalar ni constituirse en un aliado para la ausente estrategia del sector público. Hay decenas de ejemplos notables de acciones desde los actores no estatales, mesas de trabajo de ONG, redes de iglesias, grupos de apoyo a organizaciones de base, mesas de donaciones del sector privado, articuladores como el Banco de Alimentos, Cáritas o Juguete Pendiente, mesas de coordinación como la mesa de empresas alrededor del ODS2 de Perú Sostenible, y mucho más. Nada de ello es suficiente si no logra escalar y sumar con el Estado.
El Gobierno –local, regional y nacional– tiene un rol que cumplir, tiene la obligación de priorizar el tema de la crisis alimentaria y nutricional que enfrentan millones de niños y niñas peruanas. Todos estamos listos para ayudar, para sumar, pero el liderazgo lo tiene que marcar el Estado a través de su Gobierno. Es nuestra obligación exigírselo.
