Escribe: Carolina Trivelli, economista del IEP y exministra de Desarrollo e Inclusión Social
El Perú es un país privilegiado, tenemos una diversa producción de alimentos, somos una potencia agroexportadora y gastronómica, pero en temas alimentarios salimos jalados en casi cualquier indicador que se evalúe. Hoy, enfrentamos dos problemas serios en materia de alimentación, y estos desgraciadamente se retroalimentan entre sí. Por un lado, hay un severo problema de inseguridad alimentaria y, por el otro, un aún más complejo problema de mala alimentación. Los indicadores que dan cuenta de ambos problemas, inseguridad alimentaria y nutrición, han empeorado en los últimos años y esto no parece habernos preocupado demasiado como país.
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Hace unos días, a la luz de un nuevo reporte regional de FAO (Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe, 2024), se reiteró que en América Latina y el Caribe como región estos indicadores vienen mejorando (en contraste con otras regiones donde los indicadores no muestran mejoría).
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Desgraciadamente, los datos para el Perú no muestran la misma tendencia. La inseguridad alimentaria sigue muy alta (según FAO 51.7% de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa; según encuesta del IEP de septiembre 2024, cuatro de cada 10 señala que en los últimos tres meses por falta de dinero o recursos se quedaron alguna vez sin alimentos en sus hogares) y es mucho más grave en los sectores de menores ingresos, en lo rural y para las mujeres. En lo nutricional, la desnutrición crónica dejó de bajar luego de más de 15 años de reducciones sostenidas, la anemia está estancada en niveles muy por encima de los niveles prepandemia, y el sobrepeso y la obesidad avanzan a paso firme.
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La inseguridad alimentaria está estrechamente ligada a la economía de las familias peruanas. Con más crecimiento y empleo, mejores ingresos, menos pobreza y una inflación controlada, este indicador debería comenzar a mejorar. Para maximizar las posibilidades de que iniciemos una senda de reducción de la inseguridad alimentaria es fundamental que se logre dar un impulso a sectores generadores de empleo, como la construcción, el agro y la agroindustria, el comercio y los servicios, y garantizar remuneraciones dignas (y crecientes).
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Dado que los niveles de inseguridad alimentaria son altos, las bienvenidas reducciones en inseguridad alimentaria requerirán que las buenas condiciones se sostengan en el tiempo para lograr volver a los niveles registrados hace diez o quince años.
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Sin embargo, incluso en un contexto de mejora en los indicadores de inseguridad alimentaria, nos quedará la tarea de atender el cierre de las brechas alimentarias que se han consolidado y ampliado entre los peruanos en los años recientes en materia alimentaria, para evitar que sean los mismos grupos vulnerables de siempre los que se queden atrapados en situaciones de inseguridad alimentaria: los pobres extremos, los niños y las mujeres de los hogares de bajos ingresos.
A diferencia de lo que sucede con la inseguridad alimentaria, donde un mejor contexto económico permitirá un cambio inmediato en la tendencia, mejorar la alimentación y los indicadores nutricionales es más difícil. No basta con tener más recursos para comprar comida.
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Mejorar la alimentación exige que sucedan muchas cosas a la vez: primero, que haya más y mejores alimentos disponibles (más oferta, mejores canales de distribución –mercados mayoristas competitivos, mejor transporte, almacenamiento–, alimentos más sanos, sin pesticidas prohibidos, que lleguen frutas y verduras frescas a zonas de difícil acceso, entre otros). Segundo, que las familias accedan, sepan sobre, y adopten adecuadas prácticas alimentarias (comer sano, variado, con la combinación correcta en cantidades y composición de las raciones, con alimentos diferenciados para cada momento del ciclo de vida, que tengan tiempo y recursos para preparar alimentos, adecuadas condiciones para guardar alimentos, etc.) y, tercero, que las familias cuenten con condiciones sanitarias mínimas (agua segura y desagüe, prácticas de higiene, vacunación, controles de salud oportunos).
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Además, por cierto, y más en contextos de mayores niveles de pobreza que en años anteriores, se requiere de intervenciones de protección social que tengan algún componente alimentario para atender a grupos vulnerables (madres gestantes, primera infancia, alimentación escolar, programas de atención a adultos mayores).
Y, sí, todo a la vez.
Y todo articulado y sumando a los esfuerzos de la sociedad civil organizada (ollas comunes, comedores, asociaciones de padres de familia, bancos de alimentos, asociaciones de consumidores) y de las empresas privadas (capacitaciones, inversiones en infraestructura, donaciones, etcétera).
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De todo esto que se necesita para mejorar los indicadores alimentarios y nutricionales, tenemos apenas pequeñas porciones, intervenciones aisladas en su mayoría, con algunas intervenciones efectivas, con impacto y otras regulares o nada efectivas pero, sobre todo, todas ellas sin una mínima articulación.
Como país necesitamos con urgencia revertir la crisis alimentaria y nutricional, porque esta no solo afecta la vida de millones de peruanos y peruanas cada día, sino que define el futuro del país, afecta a las siguientes generaciones. En este tema, tan álgido, no podemos seguir de brazos cruzados, y por ello debemos partir reconociendo que, para actuar, para ser efectivos y mejorar la situación alimentaria y nutricional del país, necesitamos, además de crecimiento y de un activo sector privado (sociedad civil y empresas), más y mejor Estado, mucho Estado: efectivo, enfocado, convocante.
Magister en Economía Agraria por The Pennsylvania State University y Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
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