Economista y docente universitario
1. El gobierno de transición que encabezó Francisco Sagasti concluyó con un grado de aprobación sin precedentes: mayor al 50%. Porcentaje muy superior al de los votos obtenidos por cualquiera de los dos candidatos en las últimas elecciones presidenciales (medidos con relación al total de votos emitidos). A pesar de su sobresaliente gestión en el campo de la vacunación –que seguramente salvó decenas de miles de vidas de peruanos–, este lunes por la noche, el expresidente fue insultado y calificado de “asesino” y “terrorista” por una turba intolerante cuando presentaba su libro “Imaginemos un Perú mejor… y hagámoslo realidad”. Paradójico, por decir lo menos.
2. El evento, en el que también participaba el escritor Santiago Roncagliolo, se desarrollaba en una librería en Barranco, pero tuvo que abortarse después de 10 minutos debido al lanzamiento de bombas de estruendo y gritos contra Sagasti. Si no hubiese sido por la intervención policial, probablemente se hubiesen producido daños materiales y puesto en peligro a los asistentes al evento. Este hecho se produjo pocos días después de que se viralizase un video en las redes donde una mujer despotrica en una librería en San Isidro contra Sagasti y el librero, a propósito de que su libro se mostraba en la vidriera de la misma y de que en ella se habría grabado un video del expresidente.
3. Estos eventos, aunque distan mucho de la noche de la quema pública de libros en Alemania en mayo de 1933 –cuando estudiantes nazis manifestaron así su rechazo al espíritu antialemán de algunos autores–, son alarmantes y nos tienen que llevar a meditar sobre la peligrosa y creciente polarización en nuestro país.
4. La intolerancia, la incapacidad para dialogar e intercambiar ideas con gente que piensa diferente (GQPD) no es consistente con la vida en democracia. Tampoco ayuda a la transparencia, ni a la rendición de cuentas y, por lo tanto, no contribuye a la eficiencia de las políticas públicas ni a luchar contra la corrupción. En efecto, ante las críticas o la expresión de opiniones discrepantes, se institucionaliza el recurso de la bravuconada o de la amenaza, poniendo en peligro la libertad de expresión.
5. Para muestra un botón: mi última columna “Petrowars: la cofradía contraataca”, en que cuestioné el abrupto descabezamiento gerencial ocurrido en Petroperú, no fue bien recibida por los responsables de estos cambios. Nada raro con eso. Sin embargo, a los pocos días, recibí una carta notarial en la que se me indica que mis comentarios “no hacen más que confundir a la opinión pública y afectar la imagen institucional (…) por lo que le agradeceremos se sirva brindar el debido sustento de dichas aseveraciones o, en su defecto, abstenerse de realizar afirmaciones infundadas en perjuicio de la imagen de nuestra empresa, reservándonos el derecho de evaluar las acciones correspondientes”.
6. Aunque no me he dado el tiempo de contestar la notarial e inusual misiva, debo señalar a mis lectores que continuaré expresando mis opiniones –que, en el caso de Petroperú, están fundamentadas y documentadas en el libro “La tragedia de las empresas sin dueño”, lectura que me atrevo a sugerir a todos los interesados en nuestras empresas públicas, especialmente a aquellos a cargo de su conducción en la actualidad–. Sin embargo, lo realmente importante no es que yo fundamente mis opiniones –lo cual usualmente hago–, sino más bien que los que ocupan cargos públicos fundamenten adecuadamente sus decisiones, sin molestarse porque estas sean cuestionadas por otros peruanos, que pertenecen al grupo de GQPD.
7. Nos toca respetarnos, escucharnos y, también, tenernos paciencia y actuar con transparencia.