Economista, docente de la Escuela de Posgrado de la U. Continental
- El 2023 nos presenta una serie de retos sociales, políticos y económicos a nivel global: la guerra en Ucrania, la inmunización contra el COVID-19, la inflación internacional (que alcanzó 8.8% en el 2022 y llegaría a 6.5% en el 2023), la crisis energética en el hemisferio norte y una posible crisis alimentaria en países en desarrollo, los efectos de una probable recesión mundial, la creciente polarización política en el planeta (vista recientemente en EE.UU., Brasil, Polonia, Perú, entre otros), la expansión del populismo y de planteamientos antidemocráticos; por no hablar de problemas como el calentamiento global, la desigualdad y los flujos migratorios.
- En el Perú, los retos no son muy diferentes: restablecer la paz social, fortalecer nuestro sistema de salud pública y fomentar la vacunación, combatir la inflación –que no solo ha llegado a niveles muy altos, sino que muestra una persistencia muy fuerte (no vista en los últimos 25 años)–, reactivar la economía, fortalecer nuestras instituciones y enfrentar a las importantes fuerzas antidemocráticas que están poniendo en jaque a nuestro país.
- La exacerbada conflictividad social en el Perú está cobrando muchas vidas, lo que es inaceptable en una sociedad que aspira a vivir en paz. Es indispensable respetar nuestro derecho a protestar y, la verdad, es que tenemos muchas razones legítimas por las cuales protestar. Muchas de ellas derivan de tener un Estado disfuncional que no cumple con proveer bienes y servicios públicos a sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables. El “ninguneo social” por parte del Estado se ha convertido en un mal endémico en nuestro país y la frustración, la sensación de injusticia y el resentimiento que genera, lleva a la protesta.
- Sin embargo, el inalienable derecho a protestar no genera el derecho a violar los derechos de los demás ni a violar la ley. Si esto último ocurre, la protesta no solo se deslegitima sino que se pone en peligro la vida. Hay 49 muertes registradas: es necesario investigar los hechos y combatir la impunidad. Debe investigarse tanto a los que dispararon como a los que promovieron, con sus actos, que se les dispare a peruanos inocentes. Para restablecer la paz social en el país se necesita reconocer errores y buscar puntos comunes para dejar de polarizar a la población. El 2022 ya dejó claro que es necesario el diálogo y el uso de tácticas adecuadas en el manejo de manifestaciones para evitar más desgracias.
- Por otro lado, poco se ha avanzado con respecto a la pandemia del COVID-19 y la precariedad de nuestro sistema de salud desde la exitosa vacunación iniciada durante el Gobierno de transición en el 2021. A los problemas estructurales que se traducen en un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de salud públicos, se suman los problemas de gestión agudizados durante el desgobierno de Castillo. Recordemos que el sector salud estuvo bajo la influencia de Perú Libre y de Cerrón y, en vez de progresar y mejorar la atención de los más necesitados, vimos un pronunciado y rápido deterioro de la calidad profesional de los responsables de la salud pública. Resulta indispensable realizar una campaña de información y vacunación: cerca del 75% de la población adulta de Perú no ha recibido la cuarta dosis.
- Respecto a la aceleración de la inflación a nivel mundial, esta se debe tanto a shocks de oferta –pandemia sanitaria y guerra entre Rusia y Ucrania– como a la masiva inyección monetaria para evitar la crisis financiera y económica que pudo traer el COVID-19. En el Perú, importamos la mayor inflación mundial y también realizamos una inyección monetaria sin precedentes en tiempos de estabilidad macro. A esto, se agregaron shocks de oferta transitorios –”made in Perú”–, pero que, por definición, no explican la persistencia de la inflación. Nuestro BCR, que goza de las mejores credenciales a nivel mundial, persistentemente ha subestimado la magnitud del problema inflacionario y no está teniendo éxito en doblegarlo.
- En este contexto, la reactivación económica no podrá beneficiarse de un estímulo monetario y fiscal importante; solo queda promover la inversión. Las recientes medidas enfocadas en el destrabe de la inversión pública apuntan en la dirección correcta, pero su efectividad será limitada dado que los gobiernos subnacionales son nuevos y estos concentran la mayor parte de la inversión pública. Aunque el Gobierno central los apoye en la ejecución de obras públicas, esto no será suficiente; resulta indispensable promover la inversión privada. Sin embargo, la incertidumbre y el ruido político juegan en contra.
- El último tema: fortalecer nuestras instituciones y la democracia, combatiendo frontalmente a los que están poniendo en jaque a nuestro país. Esto requerirá de firmeza y diálogo. El éxito de esta gestión no se medirá principalmente por la desaceleración de la inflación o la reactivación de la economía, sino por el restablecimiento del orden, la protección de nuestros derechos y el fortalecimiento de la democracia.
- El camino es difícil, pero... ¡Sí se puede!
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