Propuestas electorales y política fiscal

Ahora que estamos en plena campaña para la segunda vuelta que nos llevará a elegir un presidente, vemos que surgen propuestas de todo tipo a las que muchos han tildado de populistas. Cuando hablamos de populismo nos referimos a ofrecer lo que la gente necesita sin medir los costos que ello implica.

Por ello es necesario recordar cómo nos encontramos fiscalmente después de un año de fuertes presiones fiscales como fue el año 2020 debido a la pandemia que aún nos sigue afectando. En primer lugar, los ingresos han caído significativamente debido a la paralización de la actividad económica en el segundo trimestre del año pasado y la relativa recuperación que se dio en el segundo semestre del año. Por otro lado, los gastos mantuvieron su nivel e incluso se incrementaron ligeramente debido a lo que implicaba manejar la pandemia: gastos en atención de salud, compra de vacunas y el apoyo que se brindó a las personas a través de los bonos y a las empresas a través de garantías para acceder al crédito. Estas acciones eran necesarias pero nos pasaron un costo alto debido al deterioro de nuestra situación fiscal: El déficit fiscal llegó a una cifra cercana al 9% del PBI y el endeudamiento subió 8 puntos porcentuales con respecto al producto.

En este contexto es que debemos pensar las propuestas y las restricciones a las que nos enfrentamos. En primer lugar, los ingresos fiscales seguirán siendo reducidos mientras se recupera la actividad económica, y luego tenemos el cáncer de nuestra economía, que es la informalidad. Con el alto porcentaje de informalidad existente, es necesario impulsar la mejora de la productividad de las empresas, que en ese contexto es aún más urgente debido al cambio productivo que se viene dando en el mundo, donde nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Eso es lo que asegurará que los ingresos fiscales aumenten de manera significativa y sostenible y permitirá financiar todos los gastos que son necesarios y urgentes en el país.

Cualquier medida que implique un deterioro de la situación fiscal tiene efectos en el largo plazo. Un mayor gasto se financia con impuestos o con deuda. Sin duda, por el lado de los impuestos, se puede avanzar fiscalizando e imponiendo fuertes sanciones a los que evaden o usan artilugios legales para pagar menos impuestos. Eso es potestad del Estado, pero existe un debido proceso para ello, el cual puede agilizarse, pero respetarse. Cargar más impuestos a los que ya pagan y lo hacen puntualmente sería nefasto y tendrá dos efectos importantes: El primero es que perderemos competitividad y nos hará menos atractivos para la inversión, sea nacional o extranjera, y es justo lo que necesitamos para generar más crecimiento, junto con otras reformas impostergables. El segundo es que se generarán incentivos negativos para la actividad productiva. No se trata de destruir en lo que ya destacamos a nivel internacional sino de construir sobre lo ya andado.

El segundo camino para financiar un mayor gasto es la deuda. Esta se ha incrementado considerablemente el año pasado, y si el gasto se dispara para cumplir con las promesas electorales los niveles de deuda pueden alcanzar niveles insostenibles que harán necesario un ajuste fiscal, como tantas veces ha ocurrido en nuestro país. En estos casos se genera injusticia intergeneracional, porque nuestros hijos tendrán que pagar esa deuda, y cuando hay ajustes fiscales los que más sufren son los más pobres. Y ellos son justamente los grupos a los que más queremos proteger. Por eso las propuestas deben evaluarse bajo esa perspectiva. Ningún ministro de Economía serio querrá pasar a la historia como aquel que nos hizo perder el grado de inversión.