Congresista
Esta columna encuentra inspiración en el tras bambalinas de las recientes decisiones de la agencia de análisis de riesgo crediticio S&P de rebajar la calificación de los bonos de largo plazo de Petroperú y de los bonos soberanos de la República del Perú. Comencemos por preguntarnos ¿qué hay en el trasfondo?
En teoría, los ajustes al alza o a la baja en la calificación crediticia de bonos corporativos, como los emitidos por Petroperú (para todo efecto práctico un cuasi soberano) o de los bonos soberanos propiamente dichos, es la mayor (o menor) capacidad y/o voluntad de pago del emisor.
Pero –si nos atenemos a los anuncios triunfalistas del gobierno, repetidos urbi et orbi y ad nauseam por el ex ministro de Economía Pedro Francke y por el propio presidente Castillo en su mensaje a la Nación de marzo– en lugar de rebajarnos la calificación, S&P y el resto de agencias de calificación crediticia deberían haberla mejorado. No otro premio se merecía “el 13 por ciento de crecimiento del PBI, el más alto de América Latina (y del mundo y del universo y de esta y todas las galaxias)”.
Ciertamente, en el caso de Petroperú, las calificadoras pueden haber tenido razones más que válidas para las dudas. La renuencia de la empresa auditora a validar la información contable de la empresa fue una clarinada de alerta. Los destapes concurrentes acerca de licitaciones amañadas otorgadas a personajes mejor conocidos por las páginas policiales que por las páginas de negocios, probablemente hayan inclinado la balanza a un recorte de la calificación de la empresa (pública) más grande del país “a pesar” de la garantía implícita del Estado peruano.
Todo esto está en la superficie del análisis, pero si escarbamos un poco, nos encontraremos con un nombre que en sí mismo evoca prepotencia y desconfianza: Hugo Chávez, no el fallecido dictador venezolano sino el aprendiz de dictador, el que famosamente dijo que “primero se va el presidente Castillo antes que él renuncie a la gerencia general de Petroperú”. Hasta que lo renunciaron.
Pero ¿y en el caso del soberano? ¿Por qué la rebaja? Nuevamente, en la superficie, “por el clima cada vez más agudo de confrontación política entre poderes (Ejecutivo versus Legislativo y viceversa). Argumento que supuestamente es lo suficientemente sólido para descalificar el argumento económico de abundancia de recursos producto del nuevo superciclo de los metales.
El problema es que el argumento no convence. Después de todo, tenemos casi siete años de crisis política ininterrumpida. Sospecho de que hay algo más y que ese algo más ¡tiene nombre propio! ¡Ese mismo! No por nada el presidente es visto en la comunidad económica internacional con sospechas y, a veces, con incredulidad.
Por más que se ha intentado, ha sido imposible ocultar la pobre calidad de los nombramientos del Ejecutivo. En ocho meses, 50 ministros, en su inmensa mayoría, incapaces. De hecho, la ineptitud y la corrupción han sido las únicas “constantes” en la gestión gubernamental desde el comienzo mismo de la presidencia de Pedro Castillo.
Según el inexistente “Manual del Perfecto Inepto”, existen dos tipos básicos de ineptos: el que sabe que lo es, y busca la sombra. Y el que no lo sabe, pero cree ser un genio y, dada la oportunidad, busca la luz a toda costa. Este último es una amenaza pública. ¿Alguien mencionó al ministro de Salud o al ahora ex gerente general de Petroperú?
Este es el costo de la ineptitud combinada con corrupción, costo que pagamos en imagen y reputación en los mercados internacionales y en dólares contantes y sonantes a través de una mayor percepción de riesgo, mayores intereses, mayor tasa de descuento, menor inversión, menor producción, y, en consecuencia, mayor pobreza.